Las lluvias persistentes de las últimas semanas han puesto contra las cuerdas a numerosos municipios españoles, con inundaciones, crecidas de ríos y arroyos y desalojos preventivos en distintos puntos del país. Un escenario que se repite cada vez que las precipitaciones se prolongan en el tiempo y que vuelve a evidenciar un problema estructural: la gestión de los cauces en zonas habitadas y la capacidad real de respuesta ante episodios extremos.
La acumulación continuada de agua incrementa de forma notable el riesgo de desbordamientos, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, donde cualquier fallo en la evacuación del caudal multiplica el impacto de las inundaciones. En este contexto, cobra especial relevancia el Real Decreto 665/2023, aprobado en julio de 2023 por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que regula el Dominio Público Hidráulico y establece un modelo de actuación basado en la llamada “mínima intervención” en ríos y ramblas.
La norma prioriza la conservación ambiental, la continuidad fluvial y las soluciones basadas en la naturaleza frente a las intervenciones hidráulicas tradicionales. En concreto, el artículo 126 fija los criterios de diseño y conservación de las obras de protección, las modificaciones de cauces y las obras de paso, aspectos que resultan determinantes cuando se producen lluvias intensas. El decreto parte de una premisa clara: preservar la dinámica natural de los ríos incluso en entornos urbanos.
Uno de los puntos más controvertidos del texto establece que, como criterio general, no se autorizarán cubrimientos de cauces ni alteraciones de su trazado, salvo en situaciones excepcionales. El objetivo declarado es evitar intervenciones que modifiquen el comportamiento natural del agua. Sin embargo, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo consultadas por este periódico advierten de que esta restricción puede tener consecuencias directas en zonas conflictivas, donde la imposibilidad de reencauzar determinados tramos facilita que el agua se salga de madre con mayor rapidez.
Los efectos de este modelo ya se han dejado sentir en distintos puntos de Andalucía tras el paso de la borrasca Leonardo. En la localidad gaditana de Grazalema, las intensas precipitaciones han transformado calles en auténticos torrentes, obligando a la intervención de la Unidad Militar de Emergencia para achicar agua en viviendas y viales. En la zona se han registrado hasta 278 litros de lluvia acumulada, una cifra que da cuenta de la magnitud del episodio.
Una situación similar se ha vivido en la provincia de Sevilla, donde la crecida del arroyo Miraflores ha forzado el cierre de una vía al tráfico. La borrasca ha provocado cortes en al menos siete carreteras, mientras que el río Guadaíra, a su paso por Arahal, y el Arroyo de Santiago, en el término municipal de Utrera, han alcanzado el nivel rojo. Ante este escenario, la UME y la Policía Nacional han permanecido preposicionadas a la espera de posibles requerimientos de la dirección de emergencias.
El decreto también introduce severas limitaciones en el diseño de puentes, drenajes y obras de paso, con el fin de no ocupar zonas de flujo preferente ni alterar el transporte natural de sedimentos. El problema surge cuando estas infraestructuras, si no se ejecutan o adaptan a tiempo, actúan como tapones provisionales durante episodios de lluvias extremas, agravando los desbordamientos y multiplicando los daños aguas arriba.
En la provincia de Granada, el Ayuntamiento de Órgiva mantiene activo su plan de emergencias municipal tras la crecida de los ríos Chico y Guadalfeo. El aumento del caudal ha dejado incomunicados por carretera a unos 200 vecinos en distintos puntos del término municipal, especialmente en la pedanía de Bayacas y en el paraje de los Cigarrones. En algunos casos, el desbordamiento del río Chico ha aislado viviendas y cortijos en su margen izquierdo, afectando a una veintena de personas que solo pueden acceder a pie.
El impacto de las lluvias también se ha dejado notar en el norte peninsular. En Galicia, la acumulación de precipitaciones ha elevado el caudal de numerosos ríos, con inundaciones en las riberas de varios municipios de la provincia de Orense. En la demarcación Miño-Sil, las principales incidencias se han registrado en el río Arnoia, a su paso por Baños de Molgas, donde se han cerrado paseos fluviales y algunas vías de comunicación, según ha informado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Carlos Ruiz del Portal.