El Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite (PSN), ha destinado al menos seis millones de euros en el último año a la empresa Sunsundegui, cuya situación financiera es crítica, al punto de haber entrado en causa de disolución. Este apoyo financiero adelantado por el diario Navarra.com ha generado gran controversia, dado que uno de los miembros de su Consejo de Administración es Bixente Nazábal, condenado por el asesinato del alcalde de Etxarri Aranatz, Jesús Ulayar, en 1979, y quien no ha mostrado arrepentimiento por sus actos. Nazábal actualmente trabaja como abogado en el bufete de Patxi Zabaleta, exmiembro de Herri Batasuna.
SODENA, la sociedad pública que preside Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, ha sido fundamental en la supervisión de los fondos entregados a Sunsundegui. Uno de los requisitos para que esta ayuda de 6 millones de euros se concretara fue precisamente un cambio en el Consejo de Administración de la empresa, una condición exigida por SODENA. Este organismo, además, asumió la secretaría del consejo, asegurando que la reestructuración fuera consensuada con Sunsundegui.
La presencia de Nazábal en el Consejo ha causado indignación y rechazo en amplios sectores de la sociedad, especialmente por la vinculación del Gobierno de Navarra con una empresa donde participa un miembro no arrepentido de un atentado mortal. Para UPN, la situación es “inadmisible” y han criticado que Mikel Irujo haya omitido informar públicamente sobre la designación de Nazábal en el Consejo de Sunsundegui, y que dicha decisión haya sido tomada sin transparencia.
Además, en febrero de 2024, SODENA promovió una renovación completa del Consejo de Administración de Sunsundegui, incluyendo el nombramiento de Iñaki Larraya, director general de SODENA, y otro consejero, como parte de las condiciones para otorgar el segundo préstamo de 6 millones de euros.
Es importante recordar que SODENA es una sociedad pública y que su Consejo de Administración está encabezado por el consejero de Desarrollo Económico y presidido, en última instancia, por la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), cuyo consejo preside María Chivite. La controversia refleja el descontento de buena parte de la ciudadanía ante esta relación financiera y organizativa entre el Gobierno y la empresa Sunsundegui.
