
Los gobiernos del PSOE y del PP han recurrido desde los años ochenta a «regularizaciones» extraordinarias de inmigrantes ilegales. El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de inmigrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. Beneficiará a unos 500.000.
Esta es una costumbre muy arraigada en el bipartidismo PSOE-PP. Los dos primeros procesos extraordinarios se pusieron en marcha durante los gobiernos de Felipe González, en 1985 y en 1991, y se saldaron con más de 147.000 extranjeros beneficiados.
Ya con José María Aznar en La Moncloa, en 1996, se diseñó un nuevo mecanismo. Obtuvieron papeles alrededor de 21.000 inmigrantes. El siguiente proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP, en el 2000, dio la documentación a alrededor de 163.000 extranjeros. El Ejecutivo revisó de oficio en 2001 los expedientes de extranjeros y se regularizaron 36.000 más.
El mismo año —2001— se celebró otro proceso extraordinario. Sólo pudieron acogerse a él los ecuatorianos (más de 20.000 consiguieron papeles). Pero el proceso de regularización más amplio puesto en marcha durante los gobiernos de Aznar, también en 2001, fue la llamada «regularización por arraigo», que otorgó papeles a más de 239.000 inmigrantes ilegales.
En 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se llevó a cabo la regularización de casi 578.000 extranjeros.
«¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso promueve el efecto llamada para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración», ha manifestado el presidente de VOX, Santiago Abascal, tras conocer la noticia.
En la misma línea, el diputado de VOX en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, ha afirmado que «toda España está impactada» tras conocerse la regularización extraordinaria de inmigrantes por real decreto que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, agregando que con esta medida «reconocen su odio al pueblo español».
«Pretenden conceder papeles a todos aquellos que lleven cinco minutos en España», ha criticado Figaredo. «Reconocen a cara descubierta que odian al pueblo español, odian a los españoles, y por eso, en un intento desesperado, pretenden reemplazar a la población de España», ha concluido.