El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el Real Decreto que regula la «regularización» masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que prevé beneficiar a al menos 500.000 extranjeros y que ya ha entrado en vigor. El texto introduce una diferencia clave: concede permisos de hasta cinco años a los hijos de los solicitantes, mientras limita a un año la autorización para los adultos.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros, establece en sus disposiciones transitorias que se facilitará el acceso de los menores a autorizaciones de larga duración, rompiendo así el esquema habitual en extranjería, donde el estatus del menor depende del de sus progenitores.
La abogada especializada en Extranjería María Sánchez advierte de que esta diferencia «no tiene ningún tipo de sentido». Según explica, «no es coherente que el Estado regularice al menor y no al adulto que está a su cargo», lo que puede derivar en situaciones «absolutamente caóticas». A su juicio, el modelo rompe la lógica jurídica tradicional: «Si el padre es irregular y el menor es regular, se crea una incoherencia».
A esta anomalía legal se suma, según los expertos consultados, el impacto directo sobre los servicios públicos. Sánchez alerta de un «más que previsible colapso» en servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas. También apunta a efectos en la Seguridad Social, ya que el permiso concedido permite trabajar, pero en la práctica facilitará el acceso al sistema incluso sin empleo efectivo, lo que introduce diferencias respecto a regularizaciones anteriores.
La doctora en Derecho Elena Ramallo va más allá y vincula la medida a un cálculo político. En su análisis, la regularización «pone en riesgo la seguridad del país por una decisión con fines electorales» y tendrá consecuencias en distintos ámbitos del Estado del bienestar.
Uno de los efectos más inmediatos, según Ramallo, se producirá en el acceso a servicios como las guarderías públicas. «El criterio de acceso muchas veces es la renta, lo que implica que personas en situación vulnerable pueden tener prioridad frente a familias que sí trabajan«, explica. Este diseño, sostiene, favorecerá a los recién regularizados en detrimento de otros ciudadanos.
Sobre la diferencia de duración entre permisos, Ramallo considera que se trata de «una trampa«. «No vas a separar a los niños de sus padres, así que en la práctica eso implica que se les irá prorrogando la estancia», afirma, apuntando a un posible efecto de consolidación permanente de la regularización inicial.
La medida abre así un nuevo frente político y jurídico en torno a la política migratoria del Gobierno, con dudas sobre su coherencia normativa y su impacto real en los servicios públicos y el equilibrio del sistema.
