La recta final del juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ya tiene horizonte judicial. La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz se conocerá a finales de septiembre, según publica The Objective, tras un proceso marcado por las declaraciones cruzadas, los informes policiales y las acusaciones sobre la creación de una plaza en la Diputación pacense que terminó en manos del familiar de Pedro Sánchez.

El caso se centra en el puesto creado entre 2016 y 2017 en la Diputación de Badajoz y adjudicado posteriormente a David Sánchez. Las acusaciones sostienen que la plaza fue diseñada a medida para él, mientras que la defensa defiende que el procedimiento fue estrictamente administrativo y se ajustó a la legalidad, sin injerencias externas ni dirección política.

La figura del presidente del Gobierno ha sobrevolado el procedimiento desde el inicio, aunque el tribunal ha evitado convertir la causa en un juicio político contra Pedro Sánchez. Su nombre ha estado más presente en el relato público y mediático que en la sala, donde la Audiencia ha intentado delimitar el objeto del proceso a la actuación administrativa concreta que permitió la creación y adjudicación del puesto.

El último movimiento procesal ha reforzado la idea de que el juicio ha entrado ya en su fase definitiva. El tribunal rechazó la petición del abogado de la defensa, Emilio Cortés, para volver a interrogar a David Sánchez después de los cambios introducidos en los escritos de acusación. La sala consideró que no existían modificaciones sustanciales en los hechos enjuiciados y dio por cerrada la fase oral sin reabrir la práctica de la prueba.

Ese cierre deja el caso pendiente de la valoración de la prueba indiciaria. Las acusaciones no han presentado una prueba directa de amaño, pero sí han tratado de construir un relato basado en indicios acumulados durante el juicio. Entre ellos figuran los testimonios de aspirantes que aseguraron haber escuchado antes del proceso que la plaza ya tenía destinatario.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de una candidata que afirmó que le advirtieron de que el puesto era para el hermano del ahora presidente del Gobierno. Su declaración, sin embargo, no constituye por sí sola una prueba plena, sino un indicio que deberá ser valorado por el tribunal junto al resto de elementos incorporados a la causa.

Otro punto central para las acusaciones ha sido el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según ese informe, la creación del puesto no habría partido del área técnica de Cultura, sino de instancias superiores dentro de la estructura provincial. Esa tesis apuntaría a una posible dirección jerárquica del proceso, aunque no consta una orden expresa documentada que cierre por completo el círculo probatorio.

La defensa, por el contrario, ha insistido en que las acusaciones han construido una interpretación retrospectiva de hechos que formarían parte del funcionamiento ordinario de la Administración. También ha defendido que el cambio de denominación del puesto, convertido después en Oficina de Artes Escénicas, respondió a una evolución organizativa y no a una adaptación del cargo al perfil de David Sánchez.

Durante el juicio también han tenido peso las declaraciones de varios funcionarios. Algunas de ellas introdujeron matices relevantes sobre la naturaleza del puesto, especialmente cuando se reconoció que podía considerarse «nuevo», frente a la versión de continuidad administrativa defendida por la Diputación. En una causa de estas características, esos matices pueden adquirir relevancia en la valoración final del tribunal.

Las acusaciones populares, ejercidas entre otros por VOX y el Partido Popular, han elevado la petición de pena hasta los seis años de prisión. Sus escritos refuerzan la tesis de la prevaricación y el tráfico de influencias, dos delitos que sitúan el caso en el centro del debate sobre el uso de las instituciones y la sombra de los vínculos familiares en el entorno del poder socialista.

La defensa sostiene que no existe base suficiente para una condena penal y que, en todo caso, los hechos deberían quedar en el ámbito administrativo o incluso considerarse prescritos en algunos extremos. La Audiencia Provincial de Badajoz tendrá ahora que resolver si los indicios expuestos durante el juicio bastan para acreditar una actuación irregular penalmente relevante o si, por el contrario, no superan el umbral exigido para condenar.

La sentencia llegará a finales de septiembre y cerrará una causa especialmente incómoda para el Gobierno, no sólo por el parentesco directo del acusado con el presidente, sino por el fondo político del caso: la sospecha de que una institución pública pudo crear una plaza con destinatario previamente señalado.