La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, autorizó el rescate de Air Europa pese a que su matriz, el grupo Globalia, mantenía una deuda cercana a 59 millones de euros con la Agencia Tributaria, según documentación a la que ha tenido acceso El Debate. La operación se encuentra ahora bajo investigación judicial tras la apertura de diligencias por un presunto delito de prevaricación.
La normativa que regulaba el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aprobado en julio de 2020, exigía de forma expresa que las empresas beneficiarias estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias a 31 de diciembre de 2019. Este requisito debía ser verificado por la SEPI antes de elevar la propuesta al Consejo de Ministros.
Sin embargo, según la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, el grupo Globalia arrastraba una deuda de 58.813.188,31 euros con Hacienda. Esta cifra aparece recogida en una sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de mayo de 2017, en la que se detalla que solo una parte —algo más de 10 millones— había sido abonada, mientras el resto permanecía pendiente.
Además, en ese mismo procedimiento judicial, la propia compañía reconocía dificultades para afrontar el pago total de la deuda sin comprometer su actividad, un elemento clave que afecta directamente al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ayudas públicas.
La denuncia sostiene que esta situación no se habría regularizado antes de la aprobación del rescate. Para ello, se apoya en una segunda resolución de la Audiencia Nacional de marzo de 2020, relativa al Impuesto sobre Sociedades, que evidenciaría la persistencia de litigios fiscales en fechas cercanas a la concesión de la ayuda.
La investigación judicial deberá determinar ahora si la SEPI comprobó correctamente la situación fiscal de la empresa o si, por el contrario, autorizó la operación pese a la existencia de impedimentos legales.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha iniciado diligencias y ha imputado por un presunto delito de prevaricación al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien era responsable del Consejo Gestor del fondo en el momento de la aprobación del rescate. La causa se encuentra en fase inicial.
El rescate a Air Europa se articuló en dos préstamos de 240 y 235 millones de euros respectivamente. Esta división permitió situar cada tramo por debajo del umbral de 250 millones que obliga a notificar la operación a la Comisión Europea, evitando así el control previo de Bruselas sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.
El caso abre un nuevo frente político sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia y pone el foco en los mecanismos de control aplicados por el Gobierno en operaciones de alto impacto económico.
