El auto judicial del magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha desvelado una presunta trama de presiones, ofrecimientos económicos y maniobras destinadas a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. La resolución sitúa en el centro de la investigación a Leire Díez y al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, además de otros nombres como Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver.

Según la resolución avanzada por OkDiario, la estructura habría comenzado a operar al menos en abril de 2024 con un objetivo que la propia Leire Díez habría resumido en una frase especialmente reveladora: «Destruir el procedimiento». Esa expresión aparece recogida en el auto como una de las claves para entender el supuesto propósito del grupo: neutralizar causas judiciales sensibles para el entorno socialista.

Uno de los episodios más graves descritos por el juez apunta al fiscal anticorrupción José Grinda. La organización habría intentado hacerle llegar una oferta para que archivara determinadas investigaciones a cambio de una cantidad económica o de un destino profesional en el extranjero. En las anotaciones intervenidas a Leire Díez, los agentes localizaron una referencia manuscrita a «300.000 euros» para ayudar a un fiscal con un supuesto problema personal.

El contacto con Grinda se habría producido el 27 de febrero de 2025 mediante el periodista Pere Rusiñol, que aparece en el auto como persona ajena a la organización. La respuesta transmitida posteriormente a Leire Díez fue negativa y se comunicó con una fórmula en clave: «No había agua, al menos de momento».

La resolución también recoge un segundo intento de alterar una declaración judicial. En este caso, la afectada sería la empresaria Carmen Pano, que había declarado ante la Policía haber trasladado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. Cuando fue citada para ratificar su versión ante el juez, Ismael Oliver avisó a Leire Díez de la importancia de esa comparecencia y se ofreció a gestionarla.

La contestación de Leire Díez fue directa: «Negócialo. Si puedes, hazlo». A partir de ahí, la conversación derivó hacia la posibilidad de comprar el silencio o el cambio de versión de la testigo. Los interlocutores llegaron a afirmar que Pano «se vende» y que debían «saber comprar». De forma indiciaria, el auto sitúa en 50.000 euros el ofrecimiento que se habría canalizado a través de Leticia de la Hoz Calvo.

El juez no limita los supuestos ofrecimientos a esos dos casos. La resolución sostiene que al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba se le habría planteado una compensación a cambio de información sobre la UCO. Entre las promesas figuraban asumir los costes de su defensa y situarlo en puestos relevantes después de una futura «purga».

También aparece mencionado el fiscal Ignacio Stampa. Según el auto, se le habría ofrecido facilitar su regreso a la Fiscalía Anticorrupción y mediar en un litigio personal. Estos movimientos forman parte, según Pedraz, de una dinámica orientada a captar voluntades, obtener información sensible o condicionar actuaciones judiciales.

La causa también incorpora pagos que, según los investigadores, sí se habrían materializado. Leire Díez habría recibido cuatro transferencias de 4.000 euros procedentes de Zaño Sociedad Consultora, sociedad vinculada a Gaspar Carlos Zarrías Arévalo. Posteriormente, se habrían canalizado otros 27.225 euros a través de sociedades del abogado Ismael Oliver mediante facturas que el propio Oliver habría reconocido como ficticias en una conversación intervenida.

El abogado Jacobo Teijelo aparece igualmente en la documentación analizada. La resolución le atribuye el cobro de al menos 125.000 euros procedentes del PSOE con un sistema similar. Además, el medio Crónica Libre, vinculado a la fallecida periodista Patricia López, habría percibido cerca de 20.000 euros mediante una campaña publicitaria gestionada a través del área de comunicación socialista.

En esa parte de la investigación figura una comunicación atribuida a Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE, en la que indicaba que la orden ya estaba incluida en el plan de medios y que la agencia encargada se pondría en contacto para tramitarla. La cantidad, según ese mensaje, rondaría los 20.000 euros.

El origen inmediato de las diligencias se sitúa en un auto fechado el 10 de diciembre de 2025, por el que se acordaron registros en los domicilios de Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero. Ambos formaban parte del grupo denominado Hirurok, expresión que significa «nosotros tres» en euskera. El material incautado en esas entradas permitió, según la investigación, apuntar a una jerarquía superior en la que aparece Santos Cerdán.

Uno de los momentos clave reconstruidos por el juez fue una reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de Ferraz. Ese encuentro tuvo lugar pocos días antes de que Pedro Sánchez comunicara su decisión tras la conocida «Carta a la Ciudadanía». La víspera, Leire Díez habría avisado a Vicente Fernández de que viajaba urgentemente a Madrid porque Santos Cerdán se lo había pedido y porque contaban con información que podía «ayudar al presidente».

El auto atribuye a Leire Díez un papel operativo central dentro de la presunta organización. En varias conversaciones, ella misma se habría presentado como «mano derecha de Santos» y como una persona destinada a actuar sin dejar rastro público. Ante el fiscal Stampa, incluso se habría definido como alguien «puesto por el PSOE», añadiendo que «la mejor manera de hacer es no ser nada».

La investigación, declarada secreta y plasmada en una resolución de 50 páginas, dibuja así una supuesta estructura nacida para proteger al partido y a su entorno político de determinadas causas judiciales. Ferraz aparece ahora como uno de los escenarios principales de una causa que, según los indicios recogidos por el magistrado, sigue abierta y podría ampliarse conforme avance el análisis del material intervenido.