La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha puesto el foco en los contactos de la trama del llamado caso SEPI con altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para lograr el rescate de Tubos Reunidos, una compañía vasca próxima al entorno del PNV que recibió 112,8 millones de euros de dinero público. Entre los nombres que aparecen en los mensajes intervenidos figura el de la directiva de la SEPI Rosario Martínez Manzanedo, a la que los implicados se referían como «Charo«, detalla The Objective.

Según el nuevo informe de la UCO, ya en poder de la Audiencia Nacional, la red vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría maniobrado ante la empresa pública para allanar el camino de Tubos Reunidos hacia un rescate clave para su supervivencia. A cambio de esas gestiones, la trama habría cobrado comisiones superiores a los 250.000 euros.

La empresa abonó, según los investigadores, pagos de 5.000 euros mensuales entre 2021 y 2023, además de otras bonificaciones de «agradecimiento». El rescate aprobado por el Gobierno ascendió finalmente a 112,8 millones de euros y se produjo en julio de 2021, en pleno despliegue del fondo público creado para sostener empresas estratégicas durante la crisis económica derivada de la pandemia.

El informe sitúa a Rosario Martínez Manzanedo, «Charo», como una de las piezas relevantes dentro de la SEPI. La Guardia Civil la identifica como directora del área de Participadas y como la persona «encargada de la tramitación de la solicitud». En uno de los mensajes intervenidos, fechado el 23 de noviembre de 2020, Martínez escribió a Vicente Fernández: «Me cuentan que Tubos Reunidos ha pedido del fondo 100 millones de euros en forma de préstamo participativo. ¿Es correcta la info? ¿Cómo ves la solicitud?».

La UCO también recoge contactos con el director corporativo de la SEPI Miguel Ángel Santiago, señalado como otro de los cargos con capacidad de influencia en la concesión de las ayudas. En las comunicaciones aparecen, además, el director de otra de las áreas de Participadas Miguel Ángel Figueroa y el director de medios de la SEPI hasta octubre de 2021 Federico Castaño. Los investigadores sostienen que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández mantenía conversaciones con estos directivos tanto por WhatsApp como por aplicaciones encriptadas.

El caso afecta de lleno al nacionalismo vasco. La Guardia Civil ha descubierto que la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se reunieron con el entonces presidente del PNV Andoni Ortuzar y con el exsenador Joseba Aurrekoetxea, entre otros cargos nacionalistas, para impulsar el rescate de Tubos Reunidos.

La operación aparece incluso anotada en una de las agendas de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. El informe refuerza así una de las principales líneas de investigación del caso: la existencia de una estructura paralela que habría usado relaciones políticas e institucionales para favorecer operaciones económicas concretas desde el entorno de la SEPI.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso formaron entre 2021 y 2023 una red destinada a favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO atribuye a ese grupo mediación en al menos cinco operaciones valoradas en 132,9 millones de euros y apunta a la colaboración de «diversos cargos públicos».

Los tres investigados, detenidos en diciembre, compartían un chat de WhatsApp llamado Hirurok, que significa «nosotros tres» en vasco. Según la Guardia Civil, ese grupo habría cobrado más de 750.000 euros en comisiones por sus gestiones.

Vicente Fernández presidió la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, cuando dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Después trabajó para Servinabar, donde cobró 128.000 euros entre junio de 2021 y abril de 2023. Tubos Reunidos, la empresa que obtuvo el rescate de 112,8 millones, también lo tuvo como consultor externo durante cuatro años tras la concesión de la ayuda pública.

El nuevo informe de la UCO estrecha el cerco sobre las ramificaciones políticas del caso SEPI y sitúa el rescate de Tubos Reunidos como una de las operaciones clave para entender la relación entre la trama, altos cargos de la empresa pública y dirigentes del PNV.