Marruecos ha garantizado a España que impedirá una nueva entrada masiva en Ceuta este miércoles 23 de septiembre. La promesa llega menos de dos meses después de que decenas de miles de personas alcanzaran la ciudad autónoma desde territorio marroquí durante los días 30 y 31 de julio, en unas jornadas que siguen bajo investigación judicial. La comparación entre ambas fechas resulta inevitable porque, ante una nueva convocatoria difundida en redes sociales, la respuesta de Rabat es ahora radicalmente distinta.

En las inmediaciones de Ceuta, Marruecos ha concentrado miles de policías, gendarmes y militares, ha establecido controles en las carreteras que conducen hacia Castillejos y ha desplegado material antidisturbios. También se han reforzado las barreras en la costa y se han realizado ejercicios específicos para comprobar la capacidad de contención del dispositivo. Es, en definitiva, una frontera preparada de antemano para impedir que una concentración de personas pueda aproximarse al perímetro español.

Esa imagen contrasta con la que ofrecen los documentos oficiales sobre el 30-J. Los informes desclasificados por el Gobierno recogen que el CNI y la Guardia Civil detectaron aquel día falta de efectivos y ausencia de una reacción proactiva de las autoridades marroquíes mientras miles de personas avanzaban hacia Ceuta. Según la documentación conocida, las unidades antidisturbios marroquíes no aparecieron en el entorno fronterizo hasta horas después de que la situación se hubiera desbordado.

Las dudas aumentaron posteriormente con el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. El CENIF habló de una enorme «permisividad» y analizó imágenes en las que sus investigadores apreciaban un posible «guiado activo» de personas hacia la frontera por parte de uniformados y agentes de paisano marroquíes. La Audiencia Nacional investiga ahora esos indicios, pero todavía no existe una resolución judicial que permita atribuir al Estado marroquí la organización de la invasión.

Ese límite es importante, pero no elimina la comparación. Lo que ocurre ante el 23-S permite comprobar hasta qué punto Marruecos dispone de recursos para cerrar el acceso a Ceuta cuando decide concentrarlos en el norte del país. El despliegue preventivo actual demuestra una capacidad de reacción que no aparece reflejada con la misma intensidad en las horas decisivas del 30 y 31 de julio.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que existe ahora comunicación constante con Rabat y que Marruecos se ha comprometido a impedir otro intento masivo. España también ha elevado su respuesta: Interior ha enviado refuerzos a Ceuta y Melilla y mantiene activa la vigilancia de las convocatorias difundidas en redes, mientras los servicios españoles trabajan en coordinación con los marroquíes. El objetivo es actuar antes de que cualquier movimiento pueda convertirse en un problema en la propia frontera.

La diferencia no reside únicamente en el número de agentes. También ha cambiado la lógica con la que ambos países afrontan la amenaza. En julio, buena parte de la respuesta española fue necesariamente reactiva porque miles de personas ya estaban alcanzando Ceuta cuando se produjo el colapso; ante el 23-S, la prioridad consiste en impedir que los grupos lleguen siquiera a concentrarse junto al perímetro.

Precisamente por eso la nueva estrategia vuelve a colocar en primer plano los avisos anteriores a la invasión. La documentación desclasificada acredita que el 29 de julio el CNI comunicó a los servicios marroquíes, a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil la existencia de convocatorias en redes para un «asalto por valla y mar». Esos llamamientos circulaban en comunidades digitales que reunían a decenas de miles de usuarios.

El debate, por tanto, ya no puede reducirse a si existió algún aviso. La cuestión es qué valoración hicieron España y Marruecos de aquella información, qué medios movilizaron y por qué la respuesta fue insuficiente para evitar el mayor episodio fronterizo registrado en Ceuta. El Gobierno ha defendido que ninguno de los documentos anticipaba una movilización de la magnitud que finalmente se produjo, mientras la desclasificación ha confirmado que las convocatorias masivas sí eran conocidas antes del 30-J.

Ante el 23-S, nadie parece dispuesto a repetir aquella discusión. España ha movilizado unidades especializadas antes de la fecha señalada, Marruecos ha blindado los accesos y Exteriores mantiene abierta una interlocución política directa con Rabat. Incluso una convocatoria que finalmente podría tener un seguimiento limitado está siendo tratada como un riesgo que merece prevención anticipada.

Ese cambio deja una conclusión relevante sin necesidad de atribuir intenciones que todavía no han sido demostradas: la frontera puede controlarse de una manera muy distinta a como se controló durante la invasión de julio. La reacción actual evidencia que existen instrumentos policiales, militares y de Inteligencia capaces de dificultar enormemente que miles de personas lleguen simultáneamente hasta el perímetro.

La experiencia de agosto apunta en la misma dirección. Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que durante ese mes se produjeron 174 intentos de entrada y que únicamente 14 llegaron a consumarse gracias a la actuación preventiva de las autoridades marroquíes. Es decir, la colaboración de Rabat ha demostrado ser determinante para decidir si la presión se detiene varios kilómetros antes de Ceuta o termina trasladándose directamente a territorio español.

Éste es uno de los motivos por los que la investigación de la Audiencia Nacional ha adquirido una dimensión mucho mayor que la de una simple investigación sobre inmigración ilegal. La juez María Tardón busca determinar quién coordinó, financió y dirigió una movilización estimada entre 75.000 y 85.000 personas, y para ello ha requerido información a unidades policiales, organismos de Inteligencia y estructuras militares. Entre las diligencias figuran reconocimiento biométrico, análisis financiero, comunicaciones digitales e imágenes obtenidas antes y durante la invasión.

La investigación también pretende reconstruir qué ocurrió en el lado marroquí. Los informes policiales han señalado posibles dinamizadores sobre el terreno y actuaciones de agentes que deben ser identificados, mientras la magistrada trata de determinar si existieron niveles superiores de organización. Hasta que esas diligencias produzcan resultados, el salto desde la constatación de una actuación insuficiente a la acusación de una decisión política deliberada no está probado.

Pero el comportamiento de Marruecos ante el 23-S proporciona un elemento de comparación que la investigación tendrá inevitablemente que tener en cuenta. No porque el despliegue actual demuestre qué sucedió en julio, sino porque muestra qué puede hacer Rabat cuando aplica de forma preventiva toda su capacidad de control. La pregunta sobre el 30-J deja así de ser únicamente cuántos efectivos había disponibles y pasa a centrarse también en cuándo se activaron, qué órdenes recibieron y cómo funcionó la cadena de mando.

El cambio resulta aún más significativo porque la frontera física apenas ha variado en unas semanas. Sigue siendo el mismo territorio, con los mismos accesos terrestres y marítimos y con una presión que puede organizarse a través de las mismas redes sociales y aplicaciones de mensajería. Lo que sí ha cambiado de forma visible es la cantidad de recursos movilizados y la decisión de intervenir antes de que los grupos alcancen Castillejos y el Tarajal.

El miércoles servirá para comprobar la eficacia real de ese dispositivo, aunque una ausencia de incidentes tampoco permitirá saber cuántas personas habrían intentado entrar sin él. Si la convocatoria fracasa, Marruecos podrá presentar el resultado como prueba de su cooperación; España, por su parte, podrá defender que la prevención ha funcionado. Ninguna de esas conclusiones resolverá automáticamente lo ocurrido el 30 y 31 de julio.

Esa respuesta seguirá dependiendo de la Audiencia Nacional y de las pruebas que consiga reunir sobre organización, financiación, comunicaciones y actuación de las fuerzas marroquíes. Sin embargo, mientras esa investigación avanza, el 23-S deja una comparación difícil de ignorar: la frontera que en julio quedó desbordada aparece ahora blindada antes incluso de que comience la jornada señalada en las redes.

La incógnita ya no es si Marruecos tiene capacidad para impedir que grandes grupos alcancen Ceuta. El despliegue de septiembre demuestra que dispone de ella y que, cuando la utiliza de forma anticipada, el escenario cambia por completo. Lo que queda por esclarecer es por qué esa capacidad no evitó la invasión de julio y qué ocurrió exactamente en la cadena de decisiones que precedió a aquellas horas.