El Ministerio de Transportes ha adjudicado durante la etapa de Óscar Puente 2,2 millones de los fondos europeos a empresas de la trama Cerdán, según ha adelantado El Confidencial. Las compañías beneficiadas —Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC)— ya estaban bajo el foco de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que las vincula con una red de presunta corrupción liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Una de las adjudicaciones clave tuvo lugar el 14 de enero de este año, cuando la Dirección General de Carreteras —dependiente de Puente— asignó un contrato valorado en más de dos millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Grulop 21 y OPR. El proyecto contemplaba la construcción de una pasarela peatonal en la GR-30 a su paso por Granada, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de la UE. Aunque la oferta técnica presentada por Vilor Infraestructuras fue superior, la propuesta económica de la UTE favorecida inclinó la balanza.

Lo más controvertido es que esta adjudicación se realizó cuando ya constaba en el Tribunal Supremo documentación aportada por el comisionista Víctor de Aldama que implicaba a OPR en el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. El propio Óscar Puente se refirió públicamente a ese testimonio como “un papeluco”, restándole credibilidad, pese a que la UCO ha terminado confirmando buena parte de las acusaciones.

En paralelo, el Ministerio también amplió en casi 290.000 euros un contrato adjudicado a Levantina Ingeniería y Construcción —en alianza con Diez y Compañía— para la corrección del ruido en la autovía A-42 a su paso por Getafe. La modificación, aprobada el 19 de diciembre de 2024, elevó el importe total del proyecto a casi dos millones, también con financiación europea.

Las conexiones entre estas empresas y el núcleo de la presunta trama son múltiples. OPR, gestionada por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, mantenía una relación directa con Koldo desde 2018, cuando fueron presentados por Fernando Merino, cuñado de los empresarios y extrabajador de Acciona. En comunicaciones interceptadas, Daniel Fernández pidió directamente a Koldo que mediara para que le adjudicaran obras urgentes en el tramo ferroviario Monforte-Lugo. Además, intervino para conseguir que la esposa de Koldo, Patricia Úriz, fuera contratada por Áridos Anfersa con un sueldo mensual de 1.300 euros sin acudir al trabajo.

Otra adjudicación bajo sospecha fue una obra en una autovía asturiana por valor de 7,3 millones que, según mensajes incluidos en el informe de la UCO, generó entusiasmo entre los implicados. “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”, escribió en un chat la entonces subdirectora general de Construcción, Camino Arce, que hoy forma parte de la empresa pública SEITT.

Levantina Ingeniería y Construcción, por su parte, figura entre las entidades más mencionadas por Aldama en la documentación entregada al Supremo. Su propietario, José Ruz, aparece en los informes de la UCO como interlocutor directo de Ábalos y Koldo. Según las investigaciones, Ruz mantenía encuentros personales con el exministro en su vivienda y abonaba 1.100 euros mensuales a Koldo. Aldama asegura que esta empresa obtuvo contratos por valor de 128 millones durante la etapa de Ábalos en el Ministerio y que él mismo cobró una comisión por su intermediación en una obra del Club de Natación de Sevilla. También fue contratada por el Ejecutivo canario de Ángel Víctor Torres.