La UCO ha cuantificado el coste económico de la trama organizada desde el entorno del PSOE para, presuntamente, desarrollar actuaciones dirigidas a influir en procedimientos judiciales y desacreditar a los investigadores que participaban en determinadas causas. Según un informe ampliatorio incorporado a la investigación, el desembolso acreditado superaría los 333.000 euros, aunque los investigadores consideran que la cifra podría acercarse a los 600.000 euros si se incluyen otros gastos analizados en las diligencias.
La investigación, que se desarrolla en el marco de una causa por presuntos delitos de corrupción tramitada por el Tribunal Central de Instancia, se inició a finales de 2024 tras la intervención de dispositivos electrónicos vinculados a Leire Díez. Desde entonces, los agentes han ido incorporando nueva documentación y reconstruyendo los movimientos económicos relacionados con la presunta operativa investigada.
Uno de los aspectos que más atención ha despertado es el papel atribuido a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista. La documentación remitida por el propio partido al juzgado señala que varios de los contratos examinados fueron formalizados a petición suya y bajo su supervisión directa en relación con los servicios prestados.
La partida económica más elevada corresponde al abogado Jacobo Teijelo. De acuerdo con los documentos analizados, entre enero y mayo de 2025 emitió cinco facturas que suman 185.500 euros netos. Parte de esos pagos aparecen respaldados por justificantes bancarios, mientras que otras facturas fueron aportadas posteriormente por el propio letrado durante la instrucción judicial.
Según distintos testimonios recogidos en las diligencias, Teijelo habría participado en actuaciones encaminadas a cuestionar el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los investigadores consideran que estas actividades forman parte del núcleo de la investigación actualmente en curso.
Otra de las líneas de gasto identificadas por la UCO se centra en la consultora Zaño Sociedad Consultora, relacionada con el exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Entre agosto y noviembre de 2024, la empresa recibió pagos periódicos del PSOE por importe de 7.500 euros mensuales. Paralelamente, Leire Díez percibió remuneraciones de 4.000 euros al mes procedentes de la misma sociedad.
Los agentes destacan que el coste laboral declarado por la consultora para dicha empleada coincidía prácticamente con las cantidades abonadas por el partido, circunstancia que consideran relevante dentro del análisis financiero efectuado. Entre facturación y retribuciones, el volumen económico asociado a este circuito asciende a unos 46.000 euros.
El informe también recoge pagos al despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners. Según la documentación incorporada a la causa, la firma recibió 22.500 euros más IVA en enero de 2025. Posteriormente, esa misma cantidad habría llegado a una cuenta vinculada a Leire Díez a través de una sociedad relacionada con el entorno profesional de Ismael Oliver, extremo que forma parte de las pesquisas.
Entre los gastos examinados aparece igualmente el alquiler de una vivienda situada en la calle Diego de León, en Madrid. El inmueble habría sido utilizado para la celebración de diversos encuentros relacionados con las personas investigadas. La documentación analizada sitúa el coste acumulado del arrendamiento en cerca de 39.000 euros entre enero y noviembre de 2024.
La UCO también ha incorporado a su análisis los contratos publicitarios suscritos por el PSOE con el digital Crónica Libre. La campaña, vinculada a las elecciones europeas de 2024 y canalizada a través de una empresa de comunicación, supuso un desembolso de algo más de 18.000 euros, según la documentación obrante en la causa.
A estos conceptos se añaden diversos desplazamientos realizados por Leire Díez y otras personas de su entorno, financiados presuntamente por el partido. Aunque los investigadores identifican numerosos viajes en avión y tren, únicamente han podido concretar el importe de algunos de ellos. Entre los ejemplos citados figura un vuelo entre Madrid y Bilbao valorado en 349,47 euros.
La reconstrucción económica realizada por los agentes se apoya en contratos, facturas, correos electrónicos, registros contables y documentación obtenida tanto mediante requerimientos judiciales como a través de la información entregada por las partes implicadas. Parte de este material fue recopilado tras actuaciones practicadas en la sede socialista de la calle Ferraz durante mayo de 2026.
Para los investigadores, la relevancia del informe no reside únicamente en la cuantía total de los fondos analizados, sino también en la supuesta existencia de mecanismos de supervisión y autorización de los gastos. No obstante, será la autoridad judicial la que deba determinar finalmente si los hechos investigados tienen relevancia penal o si se encuadran dentro de actuaciones amparadas por la actividad política y organizativa del partido.
