La empresaria Carmen Pano y el conductor Álvaro Gallego, conocidos por haber trasladado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, realizaron nuevas entregas de dinero a un tercero aún no identificado en fechas posteriores a aquella visita. Así lo recoge un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado al sumario de la conocida como causa del fuel, una investigación que vuelve a situar al exministro José Luis Ábalos en el centro del entramado como pieza clave en la operación que permitió acelerar la licencia de operadora a Villafuel.
El oficio de la UCO detalla mensajes intercambiados entre Víctor de Aldama y otros implicados que apuntan a un reparto cercano al millón de euros para facilitar la concesión de ese permiso administrativo. La obtención de la licencia resultaba decisiva para la empresa, ya que permitió poner en marcha una presunta operativa con la que se habrían defraudado más de 220 millones de euros a Hacienda.
Según el informe, Ábalos mantuvo gestiones directas con los ministerios dirigidos por Teresa Ribera y Reyes Maroto, al tiempo que se producía el flujo de dinero en metálico entre los investigados. Los agentes subrayan varias conversaciones entre Pano y Aldama que reflejan movimientos de efectivo destinados a nuevas entregas, posteriores a las bolsas llevadas a Ferraz en octubre de 2020.
Estas comunicaciones se sitúan entre diciembre de 2020 y enero de 2021, apenas semanas después de aquellas entregas al PSOE. La Guardia Civil destaca que Pano disponía entonces de liquidez suficiente, como acreditan retiradas de hasta 108.500 euros desde cuentas de sociedades vinculadas a los investigados.
Los mensajes coinciden además con una reunión en el Ministerio de Industria con Juan Ignacio Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, un encuentro que se produjo gracias a la mediación de Koldo García. Horas antes de esa cita, celebrada el 28 de diciembre de 2020, Pano escribió a Aldama: «Perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambié porque era todo en 20».
Un día después de esa reunión, Koldo García agendó otro encuentro en Industria para el 13 de enero de 2021. En los días previos, Aldama contactó con la hija de Carmen Pano para preguntar a qué hora acudirían a sus oficinas, con la intención de «enseñar una cosa» que no quería tener allí «mucho rato». La respuesta fue clara: «Es que no está Álvaro, está en Asturias y no llega hasta el martes por la noche».
Ese Álvaro es el mismo Álvaro Gallego que acompañó a Pano en una de las entregas de efectivo en Ferraz. En la conversación, Leonor Pano explicó que su madre sacaría dinero de su cuenta para llevarlo. La respuesta de Aldama resultó reveladora: «Que no que no dila que se deje de hostias (sic). Que ya le contaré yo lo que sea al otro». Para la UCO, ese «otro» sería el tercero destinatario del dinero, cuya identidad todavía no ha sido determinada.
La Guardia Civil concluye que Aldama se comprometió a entregar efectivo a un tercero y que el retraso en recibir el dinero obligó a justificar esa demora. También aprecia que la entrega quedó condicionada al regreso de Álvaro Gallego de su viaje. Los investigadores sostienen que el origen del dinero estaría en Claudio Rivas, propietario de Villafuel, y que se produjeron pagos en distintos momentos, coincidentes con reuniones en los ministerios.
«Estos pagos, contextualizados en momentos temporales coincidentes con las reuniones en el ministerio, podrían estar asociados a un pago previo necesario para activar la influencia que pretendían obtener», concluye el informe.
En paralelo, el Tribunal Supremo derivó a la Audiencia Nacional los indicios relacionados con posibles irregularidades en la caja del PSOE. El magistrado instructor remitió esa parte al juez del caso Koldo, al considerarlo competente para investigar los abonos en metálico vinculados a Koldo García. Entre el material remitido figura la declaración de Carmen Pano, que reconoció dos entregas de 45.000 euros cada una en Ferraz.
La investigación se encuentra en una fase inicial. El magistrado Ismael Moreno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, reclamó al PSOE toda la documentación relativa a ingresos en efectivo entre 2017 y 2024, periodo que coincide con los años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Una vez recibida, la Guardia Civil analizará esa información para determinar si existe un presunto delito de blanqueo de capitales, ante unas cifras que, según los agentes, no encajan con los datos aportados previamente por Ferraz al Tribunal Supremo.
