La trama de presunta corrupción vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán extendió sus tentáculos más allá de Ferraz y del Gobierno de Pedro Sánchez. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el rescate de Tubos Reunidos sitúa el foco sobre las cúpulas del PNV y del PSOE por las gestiones políticas desplegadas para favorecer a la empresa vasca con un préstamo público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI en 2021.

El informe, de casi 200 páginas y definido por los investigadores como un «informe de avance», salpica al expresidente del PNV Andoni Ortuzar, al vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Vizcaya Mikel Torres y al secretario general de los socialistas vascos Eneko Andueza. La UCO describe una red de contactos, presiones y reuniones que habría operado primero para lograr el rescate y después para aliviar las obligaciones financieras de Tubos Reunidos con la administración.

Según la Guardia Civil, el exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán, recibieron 247.459 euros de Tubos Reunidos por sus gestiones en la sombra. Los pagos se habrían canalizado mediante sucesivos contratos a través de una sociedad pantalla de Alonso, denominada Mediaciones Martínez, y también mediante abonos directos a Fernández.

La trama, conocida internamente como los «Hirurok» —»los tres», en euskera—, comenzó a actuar en septiembre de 2020, cuando Tubos Reunidos solicitó ayuda al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el mismo mecanismo público al que recurrió la aerolínea venezolana Plus Ultra. En aquel momento, la empresa vasca buscaba el respaldo de la SEPI para acceder a un rescate millonario.

La UCO constata que la SEPI mostró inicialmente su rechazo a conceder el crédito a Tubos Reunidos. Esa negativa, según el informe, llevó a Vicente Fernández a recurrir a Antxon Alonso para activar contactos con la dirección del PNV y lograr un cambio de criterio. En uno de los mensajes intervenidos, el expresidente de la SEPI escribió a Alonso el 13 de julio de 2021: «Hablar tú el martes [con el PNV] y aprobarse el siguiente martes«.

La intervención del PNV no habría terminado con la concesión del rescate. Según los investigadores, el expresidente nacionalista Andoni Ortuzar y su mano derecha Joseba Aurrekoetxea se reunieron en enero de 2025 con Vicente Fernández y con el consejero delegado de Tubos Reunidos Carlos de Las Heras. El objetivo de ese encuentro habría sido rebajar el pago de intereses de la deuda y evitar que la compañía tuviera que entregar a la SEPI 10 millones de euros obtenidos por la venta de un inmueble en Sestao.

El informe también apunta al papel de Leire Díez en la fase posterior del rescate. La UCO sostiene que, en 2024, cuando Tubos Reunidos no remontaba y su situación financiera se acercaba al concurso de acreedores, Díez asumió una mayor iniciativa para implicar a dirigentes del PNV y del PSOE vasco en las gestiones de la trama.

Los investigadores atribuyen a Díez la ejecución de un plan de «presión política» diseñado en julio de 2024 por Vicente Fernández. Uno de sus principales objetivos fue el vicelehendakari socialista Mikel Torres, que acababa de tomar posesión de su cargo en el Gobierno vasco.

El 22 de octubre de 2024, Díez insistió a Torres para que se reuniera con un consejero de Tubos Reunidos. En el mensaje, le recordó una conversación presencial previa y le trasladó la delicada situación de la empresa: «Me está insistiendo la situación de TTRR es complicada». Apenas dos semanas después, el 7 de noviembre, volvió a informar al dirigente socialista de que Tubos Reunidos estaba a punto de solicitar el preconcurso de acreedores.

La intensidad de esa relación queda reflejada en uno de los datos más llamativos del informe: Leire Díez y Mikel Torres intercambiaron 1.288 mensajes entre octubre de 2020 y mayo de 2025. Torres negó este martes, a través de un comunicado, haberse reunido con Díez «para el rescate de ninguna empresa» y justificó los contactos por la condición de la exmilitante socialista como «vecina activa» de Portugalete, localidad de la que él fue alcalde hasta junio de 2024.

El nombre del secretario general del PSE-EE Eneko Andueza también aparece en las diligencias. Según el informe, Díez preguntó en octubre de 2024 a un consejero de Tubos Reunidos por el resultado de una reunión con el líder de los socialistas vascos. Andueza no ha aclarado hasta ahora el alcance de ese contacto.

La investigación sitúa así el rescate de Tubos Reunidos en una zona especialmente sensible: la intersección entre la SEPI, los intereses industriales vascos, el PNV y el socialismo vasco. La empresa recibió 112,8 millones de euros de dinero público y, años después, volvió a recurrir a la red de intermediarios para obtener alivio sobre sus obligaciones de pago.

El caso golpea de lleno el discurso de los socios vascos del Gobierno. El PNV, clave durante años para la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, aparece señalado por su posible papel en las maniobras para desbloquear el rescate. El PSOE integrado en el Gobierno vasco y alineado con Ferraz, queda expuesto por los contactos de sus dirigentes con Leire Díez en plena operación para salvar a Tubos Reunidos.

La UCO subraya que el informe es ampliable y que las pesquisas continúan abiertas. Pero el avance conocido ya dibuja un patrón: una trama vinculada al PSOE, con ramificaciones en el entramado empresarial vasco, que habría usado contactos políticos de primer nivel para influir en decisiones públicas sobre millones de euros de la SEPI.