La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado pruebas de que la red investigada en el denominado caso Leire habría recurrido a sus contactos dentro del PNV para favorecer la concesión de un rescate público de 112,8 millones de euros a la empresa siderúrgica Tubos Reunidos. Según un informe recientemente incorporado a la causa y conocido por El Confidencial, los mismos intermediarios también habrían actuado posteriormente para facilitar un aplazamiento en la devolución de esos fondos.

La investigación sostiene que, una vez aprobado el auxilio financiero, la trama continuó realizando gestiones en beneficio de la compañía. En marzo de 2025, Tubos Reunidos solicitó formalmente una moratoria para devolver el dinero recibido y pidió autorización para disponer de recursos obtenidos tras la venta de un inmueble en Sestao. Los investigadores destacan la rapidez con la que los distintos órganos de la SEPI tramitaron y respaldaron la petición hasta su aprobación definitiva a finales de ese mismo mes.

Los agentes consideran que en estas actuaciones desempeñaron un papel relevante Leire Díez Castro, el exresponsable de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, vinculado al entorno de Santos Cerdán. Según el informe, los tres mantenían una estrecha colaboración y llegaron a identificarse entre ellos con el término vasco «Hirurok» («nosotros tres»).

La documentación analizada por la UCO recoge numerosos mensajes y conversaciones que apuntan a contactos directos con destacados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Entre ellos figurarían el entonces presidente de la formación, Andoni Ortuzar, y el exsenador Joseba Aurrekoetxea. Los investigadores afirman que se celebraron reuniones reservadas para impulsar las gestiones relacionadas con el rescate de la empresa alavesa.

Uno de esos encuentros habría tenido lugar el 28 de enero de 2025 y contó, además, con la participación del consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, actualmente investigado en el procedimiento judicial.

El origen de esta relación se remonta a 2020, cuando la compañía buscaba acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado por el Gobierno para respaldar empresas afectadas por la crisis derivada de la pandemia. En ese contexto, Vicente Fernández ofreció su intermediación al entonces presidente de la empresa, Francisco Irazusta. Aunque ya había abandonado oficialmente la presidencia de la SEPI en 2019, la investigación sostiene que conservaba una importante capacidad de influencia dentro del organismo.

La Guardia Civil considera que Antxón Alonso fue quien inició los contactos con representantes del nacionalismo vasco. Aunque Tubos Reunidos ya mantenía interlocución con el Gobierno Vasco, Fernández entendía que era necesario obtener respaldo político de mayor nivel para desbloquear el expediente de ayuda económica.

Entre las pruebas recopiladas figura un mensaje enviado por Fernández a Alonso el 9 de julio de 2021. En él le comunicaba que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había sido convocada a una reunión en Moncloa y sugería que la cita podría estar relacionada con conversaciones mantenidas previamente con responsables del PNV en la sede central del partido, conocida como Sabin Etxea.

Ese mismo día, Fernández trasladó al presidente de Tubos Reunidos información interna sobre la inminente aprobación de la ayuda pública. Según la UCO, conocía con antelación que el expediente figuraba en el orden del día del órgano encargado de supervisar el fondo y que recibiría luz verde antes de que la decisión fuese anunciada oficialmente.

Los investigadores también han detectado comunicaciones frecuentes entre Fernández y varios altos cargos de la SEPI de aquella etapa, lo que, a su juicio, demuestra que seguía teniendo acceso a información sensible procedente del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La investigación añade que las gestiones realizadas en favor de Tubos Reunidos habrían generado importantes contraprestaciones económicas. De acuerdo con el informe, los intermediarios percibieron al menos 114.950 euros mediante una operativa diseñada para ocultar el origen de los pagos. El dinero habría sido canalizado a través de Mediaciones Martínez SL, una sociedad radicada en Zaragoza que también aparece mencionada en otras diligencias relacionadas con supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.

Además, la UCO sostiene que durante 2024 la empresa volvió a recurrir a los servicios de la misma red para modificar determinadas condiciones vinculadas al rescate. Los investigadores calculan que, únicamente por estas actuaciones posteriores, se habrían abonado alrededor de 40.000 euros.

En esta fase también habría intervenido Santos Cerdán. Según la documentación analizada, representantes de la compañía mantuvieron reuniones con el entonces secretario de Organización del PSOE en la sede federal del partido para abordar cuestiones relacionadas con la situación financiera de la empresa.

Finalmente, la historia concluyó con el deterioro económico de Tubos Reunidos. La compañía no llegó a reintegrar los fondos públicos recibidos y, según la información recogida en el informe, terminó declarando concurso de acreedores el pasado mes de mayo.