La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reforzará de manera considerable su capacidad tecnológica con una nueva infraestructura destinada a almacenar, procesar y proteger enormes cantidades de información y evidencias digitales, según recoge Vozpópuli.

El Ministerio del Interior ha impulsado una contratación valorada en 1,25 millones de euros para dotar a la unidad de un sistema con una capacidad neta mínima de 1.080 TiB, cerca de 1,2 millones de gigabytes. Traducido a archivos PDF de tamaño convencional, el espacio disponible permitiría almacenar el equivalente aproximado de 4.800 millones de documentos.

La inversión llega en un momento en el que la UCO participa en algunas de las investigaciones judiciales de mayor volumen y repercusión política de España, entre ellas las relacionadas con el denominado caso Koldo y las pesquisas en torno al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez.

No obstante, el expediente de contratación no atribuye la ampliación a estos procedimientos concretos. La memoria justificativa señala como finalidad reforzar los medios empleados por la Guardia Civil para combatir las formas graves de criminalidad, especialmente el narcotráfico y la delincuencia organizada, y reconoce que las necesidades de almacenamiento de la UCO han ido aumentando progresivamente.

Una fortaleza digital para las pruebas de la UCO

La nueva infraestructura no estará dedicada únicamente a acumular archivos. El contrato exige que permita procesar, preservar y proteger las evidencias digitales utilizadas por los investigadores de la Guardia Civil.

El sistema deberá alcanzar al menos 35.000 operaciones de entrada y salida por segundo, con velocidades mínimas de 2,5 gigabytes por segundo para escritura y 4,5 gigabytes para lectura. Además, contará con una cabina híbrida dotada de al menos 960 terabytes de discos.

Uno de los aspectos más relevantes será la incorporación de tecnología WORM —Write Once, Read Many—, que permite convertir determinados archivos en información inmutable.

De este modo, una evidencia almacenada podrá quedar protegida durante un periodo previamente establecido para impedir que sea alterada o eliminada, incluso de manera accidental.

La infraestructura tendrá también mecanismos destinados a crear copias protegidas frente a borrados maliciosos y ataques informáticos. El pliego menciona expresamente la necesidad de garantizar la recuperación ante ataques de ransomware.

Interior pretende además limitar el poder individual de los propios administradores del sistema. Algunas operaciones especialmente sensibles requerirán la autorización de varios responsables, de modo que una sola persona no pueda ejecutar determinados cambios sin supervisión.

Las solicitudes, autorizaciones y operaciones quedarán registradas, añadiendo una capa adicional de trazabilidad sobre el tratamiento de las evidencias.

Investigaciones cada vez más voluminosas

El refuerzo tecnológico coincide con una etapa especialmente intensa para la UCO. Los agentes mantienen un papel central en las investigaciones vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y distintos empresarios por presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. El magistrado instructor permanece a la espera de nuevos informes de la unidad para avanzar en esa investigación.

Paralelamente, la Guardia Civil participa en el caso Leire Díez, donde la Audiencia Nacional investiga una presunta trama orientada a intentar obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE.

La propia investigación policial ha señalado que las agendas intervenidas a Cerdán acreditarían, de acuerdo con los investigadores, que el antiguo secretario de Organización socialista adquirió una especial relevancia en el conocimiento de esas actuaciones. Se trata de conclusiones policiales incorporadas a una causa todavía abierta, no de hechos establecidos mediante sentencia firme.

La investigación ha alcanzado además a la estructura administrativa del PSOE. Su gerente, Ana María Fuentes, declaró como investigada este mes ante el juez Santiago Pedraz y atribuyó a Cerdán la decisión sobre determinados encargos y pagos examinados en la causa, mientras negó haber emitido facturas falsas.

La jueza Beatriz Biedma, que investigó la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, también ha solicitado personarse como acusación particular en el caso Leire Díez al considerar que habría sido objeto de actuaciones dirigidas a desacreditarla y recabar información sobre ella.

En este contexto, la UCO se prepara para disponer de una capacidad de almacenamiento, análisis y blindaje de evidencias digitales muy superior a la actual.