La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentará en los próximos días un extenso informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que se habrían reunido «pruebas determinantes» que lo vinculan directamente con la trama de las mascarillas, según avanza OkDiario. El documento, cuya entrega podría producirse este martes, se considera un punto decisivo en el desarrollo del caso Koldo y podría derivar en una solicitud formal de imputación del ministro ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno será quien deba evaluar si los indicios recopilados son lo bastante sólidos como para plantear esa petición al alto tribunal. Sin embargo, incluso en el caso de que el informe se entregue esta semana, fuentes judiciales estiman que su contenido podría tardar varios días en trascender a los medios, como ya ocurrió con los documentos que precipitaron la caída de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, filtrados entre dos y siete días después de su presentación oficial.

Los investigadores sostienen que, durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, Torres adjudicó de forma irregular contratos por valor de 12,2 millones de euros a la sociedad Soluciones de Gestión, que suministró 4,7 millones de mascarillas FFP2 y EPI KN95. De ese total, al menos 837.800 resultaron falsificadas. Aun conociendo su falta de homologación, el entonces presidente autonómico habría autorizado el pago de precios desorbitados para favorecer a la red encabezada por Koldo García, con la que mantenía contacto directo según las diligencias judiciales.

El escándalo ha encendido las alarmas en el Palacio de la Moncloa. Altos cargos del Ejecutivo admiten en privado que una imputación de Torres supondría un «golpe devastador» para Pedro Sánchez, ya debilitado por los continuos casos de corrupción que cercan a su entorno más próximo. El impacto sería especialmente sensible tras la reciente revelación de que José Luis Ábalos y su exasesor Koldo recibieron sobres con dinero, según consta en los últimos informes patrimoniales de la Guardia Civil.

La UCO también ha puesto la lupa sobre la etapa anterior de Torres como alcalde y concejal en Arucas (Gran Canaria), donde se investigan posibles comisiones irregulares y tratos de favor a empresarios locales con reputación delictiva. Fuentes del ámbito autonómico aseguran que el actual ministro mantenía una estrecha relación con determinados grupos empresariales de dudosa legalidad durante sus años de gestión municipal.

El nombre de Torres figura, además, en conversaciones y correos electrónicos analizados por los agentes que evidencian sus contactos con la cúpula de la trama. Uno de esos mensajes, enviado por Víctor de Aldama el 16 de julio de 2020, demuestra que ambos se reunieron el día anterior. «Buenas tardes, Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde…», comienza el texto, donde Aldama le ofrece test de detección de Covid y solicita autorización para negociar precios. Los registros técnicos confirman que el mensaje fue recibido y leído ese mismo día, desmintiendo la versión oficial del ministro, que en el Senado aseguró no haber mantenido relación alguna con el empresario.