«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
JUICIO DEL CASO KOLDO

La UCO sitúa a Ábalos en el centro de la trama de corrupción: «Sin él no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situaron al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como una figura central en la presunta trama corrupta investigada en el caso Koldo, durante su declaración en el Tribunal Supremo. En una jornada de más de doce horas, los responsables de los informes policiales describieron una estructura organizada que operaba, según su testimonio, desde el entorno del Gobierno y con acceso a distintos niveles de la Administración.

El teniente coronel Antonio Balas y el comandante Jesús Montes detallaron el funcionamiento de la red durante el juicio que afecta a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Según expusieron, cada uno desempeñaba un papel definido dentro de la organización: Aldama como financiador, Koldo como intermediario directo y Ábalos como el responsable con capacidad institucional para facilitar negocios.

Balas afirmó que «sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron» y lo definió como «un miembro cualificado de la organización». En la misma línea, explicó que el exministro «es el que abre negocios» gracias a una capacidad de influencia de la que carecían el resto de implicados. Los agentes señalaron además que Aldama se refería a él como «el jefe», aunque matizaron que el peso dentro de la red no se limitaba a un solo actor.

Durante la comparecencia, la UCO sostuvo que la trama disponía de acceso a «otros estamentos de muy alto nivel» y que operaba con «un acceso muy importante en todos los niveles» de la Administración. Como ejemplo, los agentes citaron el rescate de Air Europa o la visita a España de la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. En este último caso, describieron cómo el empresario elaboró el programa del viaje y lo trasladó al entorno del ministro, que a su vez lo elevó para su validación.

Los investigadores también situaron el origen de la relación entre los implicados en agosto de 2018, apenas dos meses después del nombramiento de Ábalos como ministro de Fomento. Según indicaron, esa conexión se consolidó rápidamente y quedó reflejada en comunicaciones en las que Aldama presumía de su «relación especial» con el titular del departamento.

En el plano económico, los agentes señalaron que Koldo García era quien gestionaba los cobros y el patrimonio del exministro, además de encargarse de canalizar los pagos. Entre los elementos analizados figura el pago de un inmueble para una expareja de Ábalos, que los investigadores vinculan a una contraprestación por el acceso al ministro.

Uno de los episodios clave abordados en la vista fue la contratación de material sanitario durante la pandemia. El comandante Montes calificó de «muy revelador» el primer contrato firmado por Puertos del Estado, al considerar que reflejaba el modelo de negocio de la trama. Según su declaración, la decisión de adjudicar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión partió directamente de Ábalos y de Aldama, tras acuerdos previos detectados por los investigadores.

La UCO también expuso presuntas gestiones para favorecer intereses empresariales, como el intento de obtener una licencia de hidrocarburos o las presiones para acelerar el rescate de Air Europa. En este contexto, los agentes apuntaron a pagos y beneficios personales, incluidos viajes o el uso temporal de inmuebles.

En la parte final de la sesión, los investigadores incidieron en el análisis patrimonial del entorno de la trama. Destacaron incrementos significativos de ingresos en efectivo y la existencia de indicios que vinculan determinadas expresiones utilizadas en conversaciones intervenidas con dinero en metálico.

Las declaraciones de los mandos de la UCO refuerzan la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una red estructurada que habría utilizado la posición institucional de Ábalos para acceder a contratos públicos y facilitar operaciones empresariales, en un procedimiento que sigue avanzando en el Tribunal Supremo y que mantiene bajo presión política al entorno del Gobierno.

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