La seguridad ferroviaria se ha instalado en el centro del debate público tras una cadena de incidencias que ha puesto bajo la lupa la gestión de la red, el estado del mantenimiento y la ejecución de las obras. A ese escenario técnico se ha sumado ahora un elemento de fuerte impacto político. No se trata de balastos ni de protocolos, sino de la posible influencia en la adjudicación de obra pública vinculada al ferrocarril, según un informe policial incorporado a la causa conocida como caso Koldo.

El documento, elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en junio del año pasado, analiza varias grabaciones realizadas por Koldo García. En esos audios interviene el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y se alude de forma expresa a un “reparto” de obras de ADIF, con menciones a trabajos definidos como “muy importantes de seguridad”, detalla The Objective.

Uno de los pasajes clave corresponde a una conversación del 9 de abril de 2019. En ella, Koldo García informa a Ábalos de que “lo de ADIF” tiene una fecha próxima y de que se aprobarán 14 obras con sus respectivos presupuestos para sacarlos de inmediato a licitación. El calendario, según se desprende del audio, apuntaba al 26 de abril como inicio del procedimiento.

La grabación va más allá de una referencia genérica. El asesor ministerial afirma que, dentro de ese paquete, existen cinco obras concretas señaladas por “Isabel”, identificada por la UCO como Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF. Tanto ella como el ex director general de Carreteras Javier Herrero figuran imputados en la Audiencia Nacional por un posible amaño de contratos. En ese contexto, Koldo verbaliza una instrucción inequívoca: “Estas cinco hay que dárselas a…”, antes de citar a varias grandes constructoras. Para los investigadores, ese contenido encaja con un esquema de asignación previa de licitaciones antes de su publicación oficial.

El elemento que dota de mayor carga política al audio es la justificación empleada para sostener ese reparto. “Son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal”, afirma Koldo García. En la normativa ferroviaria, la seguridad define exigencias técnicas y responsabilidades estrictas. En la conversación, sin embargo, aparece como argumento para concentrar adjudicaciones en determinadas compañías. En ese mismo fragmento se mencionan firmas como Acciona, Sacyr y Ferrovial, en un contexto que la UCO interpreta como presuntamente irregular.

Las grabaciones forman parte del sumario del caso Koldo, centrado en la adjudicación de contratos de mascarillas durante el inicio de la pandemia. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente abrió el pasado septiembre una pieza separada para investigar el posible cobro de comisiones a cambio de obra pública, tras recibir el informe de la UCO. En esas conversaciones aparecen también los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Ábalos y Santos Cerdán. Ambos han solicitado que no se valoren los audios al alegar irregularidades y manipulación, extremo que los expertos de la Guardia Civil descartan tras certificar su integridad.

El informe subraya que todo el contenido se mueve en el terreno de la presunción y queda sometido al control judicial y a la contradicción procesal. Aun así, los investigadores destacan un intercambio revelador. En plena charla sobre el reparto de obras, Ábalos propone “hablar con Santos”, a lo que Koldo responde que ya lo ha hecho. La UCO identifica a ese “Santos” como Cerdán y considera que ese cruce apunta a una coordinación política informal alrededor de las adjudicaciones.

El análisis policial no se limita a las grabaciones. El documento describe un mecanismo plausible para orientar contratos públicos sin alterar de forma visible el acto formal de adjudicación. La clave estaría en el peso de la valoración técnica en determinados concursos, un factor capaz de compensar ofertas económicas menos competitivas.

En ese sentido, la UCO expone ejemplos en los que empresas o UTEs investigadas obtienen la mejor puntuación técnica sin presentar el precio más bajo. Según los agentes, ese margen de apreciación convierte los informes técnicos en una pieza crítica cuando se pretende dirigir un contrato hacia un adjudicatario concreto.

El informe incorpora además un apartado económico que refuerza la hipótesis de una trama. Los investigadores sostienen que existirían contraprestaciones ligadas a determinadas adjudicaciones y manejan cifras globales que se habrían abonado o quedarían pendientes. Esa parte forma parte de la documentación remitida al Supremo y describe un presunto circuito de pagos vinculado a expedientes concretos, siempre en el marco de una investigación en curso y sin equivaler a una condena.