Existe miedo y desconfianza en el PSOE ante la posibilidad de que nuevas revelaciones sobre los casos de presunta corrupción que afectan al partido y al entorno del Gobierno alteren la campaña electoral. Fuentes socialistas reconocen inquietud por la documentación que pueda hacerse pública durante las siete semanas que quedan hasta las urnas. En Ferraz no todos comparten la tesis atribuida a Moncloa de que el desgaste por estos procedimientos ya está asumido por los votantes, ni confían en que denunciar una supuesta persecución judicial permita neutralizar futuras novedades.
La preocupación se concentra en las investigaciones que siguen abiertas y los informes pendientes. La UCO continúa trabajando en el caso Koldo, mientras la Audiencia Nacional mantiene las pesquisas sobre la derivada que afecta a Santos Cerdán y una pieza secreta relacionada con las finanzas del PSOE. En paralelo, el juez Santiago Pedraz ha solicitado al partido los datos y documentos de los abogados y las consultoras contratados entre 2021 y 2025, dentro de la investigación sobre Leire Díez. El avance de estas diligencias puede aportar conversaciones, contratos u otros elementos hasta ahora desconocidos.
Las fuentes socialistas consultadas consideran que el riesgo electoral no depende necesariamente de una revelación de gran alcance. Una comunicación o una conclusión policial inédita bastaría para devolver las sospechas al centro del debate público. La información está distribuida entre juzgados, investigadores y partes personadas, lo que deja fuera del control del equipo de campaña qué contenidos pueden trascender y cuándo. Esa incertidumbre alimenta las diferencias entre quienes dan por agotado el impacto político de la corrupción y quienes temen que vuelva a condicionar la agenda.
A este escenario se añade el deterioro de la confianza entre responsables políticos y determinados mandos de la Guardia Civil. En su declaración ante Pedraz, el exdirector del cuerpo Leonardo Marcos sostuvo que al llegar al cargo encontró una «cultura de la filtración». Los responsables de la UCO rechazaron que la unidad estuviera detrás de esas revelaciones, mientras algunos mandos describieron actuaciones que interpretaron como presiones sobre su trabajo. Marcos negó haberlas ejercido y ambas versiones forman parte de las actuaciones judiciales.
El magistrado también ha pedido documentación para aclarar quién dispuso las investigaciones internas sobre posibles filtraciones, cómo se llevaron a cabo y qué información recibió la actual directora general, Mercedes González. Entre las actuaciones examinadas figuran una abierta tras la divulgación de documentación sobre Begoña Gómez y otra posterior a la publicación de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Las pesquisas sobre Díez han incorporado, además, comunicaciones y movimientos internos relacionados con la supuesta búsqueda de información sobre investigadores de la UCO.
