La investigación judicial sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental no se limita ya al rescate de Plus Ultra. El foco se amplía ahora hacia varios altos cargos del Ejecutivo y de la Administración que, según la UDEF y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habrían intervenido en decisiones clave favorables a la aerolínea y a empresarios vinculados al entramado.

Según la información incorporada a la causa, los investigadores sostienen que Zapatero utilizó su red de contactos políticos y su acceso privilegiado a ministerios y organismos públicos para facilitar reuniones, desbloquear trámites y favorecer operaciones empresariales a cambio de contraprestaciones económicas.

El magistrado Calama define al exlíder socialista como el «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias» que habría puesto «sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Uno de los nombres que aparece expresamente en el auto es el del entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. La investigación analiza si existieron gestiones políticas para facilitar aplazamientos de deuda a Plus Ultra con la Tesorería General de la Seguridad Social en un momento crítico para la compañía.

La aerolínea había acumulado una deuda creciente con la Seguridad Social y solicitó sucesivas reconsideraciones de aplazamiento durante la pandemia. La última de ellas fue aprobada el 5 de octubre de 2020 para una deuda cercana a los 452.000 euros, pese a que la normativa fijaba límites estrictos y miles de solicitudes similares fueron rechazadas durante ese periodo.

El juez considera acreditado un encuentro entre Zapatero y Escrivá el 7 de septiembre de 2020 en el Ministerio de Trabajo. La referencia aparece en un mensaje remitido por el director de la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes a Koldo García: «Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo».

Aunque el entorno de Escrivá sostiene que aquella reunión se centró en medidas relacionadas con la pandemia y niega cualquier conversación sobre Plus Ultra, la coincidencia temporal entre el encuentro y la posterior concesión del aplazamiento se ha convertido en uno de los puntos centrales de la investigación.

Otro de los altos cargos señalados es el exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura. Los mensajes incautados por la UDEF sitúan a Saura en una reunión celebrada poco después de que el Gobierno activara el fondo público de rescate para empresas afectadas por la pandemia.

Según esos mensajes, los socios de Plus Ultra salieron convencidos de que contaban con respaldo político dentro del Ministerio de Transportes. «Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete», escribió uno de los implicados. El mismo mensaje añadía que el ministerio hablaría «bien de la compañía» ante la SEPI y remataba que aquello estaba garantizado por «altas recomendaciones».

La respuesta de uno de los accionistas de la aerolínea, Rodolfo Reyes, es uno de los fragmentos más comprometedores incorporados a la causa: «Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás«.

Las pesquisas también apuntan a posibles presiones sobre otros miembros del Gobierno y altos funcionarios para agilizar contratos públicos, favorecer adjudicaciones o facilitar contactos estratégicos. Según fuentes citadas en la investigación, algunos nombres ya han aparecido en el sumario y otros todavía no han trascendido públicamente.

La UDEF sostiene además que el entramado liderado por Zapatero actuaba como una red de intermediación política para empresarios españoles y extranjeros interesados en acceder a decisiones favorables de la Administración. Entre las operaciones bajo sospecha figuran proyectos energéticos, rescates empresariales y gestiones vinculadas a organismos públicos.