La Unión Europea desmonta uno de los bulos más extendidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un documento adelantado por El Debate ha acreditado que nunca se comunicó a Bruselas la entrada en España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, pese a que la normativa comunitaria obligaba a ello en caso de conceder una excepción.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Debate, la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea confirmó el pasado 26 de febrero que no existe constancia de ninguna notificación cursada a través del sistema COREU sobre la llegada de la dirigente chavista en enero de 2020. Esta ausencia de comunicación desmonta la versión sostenida por el Ejecutivo, que había alegado que estos intercambios eran confidenciales.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado actualmente por José Manuel Albares, se había defendido que cualquier información relativa a esas comunicaciones estaba clasificada y que hacerla pública podría perjudicar las relaciones diplomáticas. Sin embargo, la investigación apunta a que dicho aviso nunca llegó a producirse.

La legislación europea es clara al respecto. Las decisiones del Consejo de la UE vigentes en aquel momento prohibían la entrada o tránsito por territorio comunitario de determinados dirigentes venezolanos, entre ellos Rodríguez, salvo en supuestos muy concretos y siempre previa notificación formal a las instituciones europeas. Esa excepción solo puede aplicarse por motivos humanitarios o en el marco de iniciativas diplomáticas específicas, condiciones que no concurrían en este caso.

El contraste con otros países de la Unión refuerza las dudas sobre la actuación española. En julio de 2023, Bélgica sí tramitó correctamente una autorización temporal para permitir la presencia de la vicepresidenta venezolana en una cumbre internacional, dejando rastro documental conforme a las exigencias comunitarias.

El episodio en España se remonta a la conocida escala en el aeropuerto de Barajas, donde Rodríguez mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En esa reunión también estuvieron presentes el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, ambos vinculados a distintas investigaciones judiciales.

Diversas informaciones apuntan a que el viaje fue organizado con antelación y con conocimiento de altos niveles del Ejecutivo. Además, se ha señalado la cercanía de Rodríguez con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un contexto en el que también han surgido acusaciones sobre supuestas contraprestaciones económicas vinculadas a acuerdos energéticos, aunque estas afirmaciones no han sido acreditadas judicialmente.

La normativa europea que regula estas restricciones, en vigor tanto entonces como ahora, obliga a los Estados miembros a impedir la entrada de personas sancionadas por su papel en el deterioro democrático en Venezuela. En el caso de Rodríguez, su inclusión en esa lista responde precisamente a su participación en estructuras consideradas ilegítimas por la UE.

A pesar de la contundencia de estas reglas, la investigación periodística sostiene que el Gobierno español permitió su entrada sin cumplir los procedimientos establecidos y trató posteriormente de minimizar el episodio. La falta de documentación oficial en Bruselas refuerza la tesis de que no se siguieron los cauces legales previstos.

Seis años después, aquel episodio sigue generando controversia política y judicial, al entrelazarse con otras causas abiertas que afectan al entorno del Ejecutivo y a varios de los protagonistas implicados en aquel encuentro en Barajas.