La Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos ayuntamientos han descubierto más de 2.800 irregularidades relacionadas con empadronamientos fraudulentos en diferentes puntos de España. Las investigaciones han destapado desde ciudadanos inscritos en viviendas inexistentes hasta domicilios con más de 90 personas registradas. A estas anomalías se suma el reconocimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) de que miles de fallecidos continúan figurando en registros municipales, aunque se desconoce cuántos permanecen inscritos en el censo electoral.

Los hechos adquieren especial relevancia a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la utilización del DNI digital como mecanismo de identificación. La Junta Electoral Central autorizó finalmente su uso el pasado 5 de noviembre, después de haberlo suspendido previamente por las dudas sobre las garantías de verificación de la identidad.

Según una investigación publicada por El Debate, las irregularidades detectadas se extienden por numerosas comunidades autónomas y abarcan falsificaciones documentales, inscripciones ficticias y certificados de residencia expedidos de manera presuntamente fraudulenta. No se trata de una única operación policial, sino de diferentes procedimientos desarrollados durante los últimos años.

Uno de los episodios más llamativos tuvo lugar en Seseña (Toledo), donde la Guardia Civil identificó más de 400 empadronamientos sospechosos y descubrió una vivienda con 91 personas inscritas. En Archena (Murcia), las autoridades investigaron alrededor de 600 certificados fraudulentos expedidos entre 2021 y 2024, mientras que en Alcúdia (Mallorca) fue detenido un funcionario municipal relacionado con 430 empadronamientos presuntamente irregulares.

También se han detectado anomalías en Algeciras, donde la Policía Local comprobó 336 inscripciones indebidas en apenas dos meses, y en Sant Cugat del Vallès, donde las inspecciones municipales determinaron que 322 de las 324 inscripciones sospechosas examinadas no correspondían a residentes reales.

La controversia se ha extendido asimismo a Gandía (Valencia). Allí, la Policía Nacional desarticuló en diciembre de 2025 una trama relacionada con 127 empadronamientos irregulares. Más recientemente, el PP ha denunciado la existencia de 1.386 inmuebles con seis o más personas registradas, incluyendo una dirección con 57 inscritos. El Ayuntamiento sostiene que los casos más numerosos corresponden a establecimientos colectivos, por lo que esas cifras no acreditan por sí solas nuevos fraudes.

A estas investigaciones se añade otro problema reconocido por el propio INE. En su metodología estadística de abril de 2026, el organismo admitió que los padrones municipales conservan algunos miles de registros correspondientes a personas fallecidas que nunca fueron dadas de baja. En el censo estadístico de 2021 se excluyeron 5.228 registros de personas de más de 99 años cuya existencia no pudo confirmarse mediante determinadas comprobaciones administrativas.

Además, un informe sobre las elecciones europeas de 2024 contabilizó 12.567 devoluciones de documentación electoral dirigidas a residentes en el extranjero con la indicación de «fallecido». Sin embargo, estas incidencias no demuestran que todos los destinatarios estuvieran efectivamente muertos ni que continúen inscritos en el censo electoral vigente.

El problema se produce después de que España modificara el procedimiento de elaboración de sus estadísticas de población. Desde 2021, el censo de población se confecciona mediante el cruce de registros administrativos, sin recurrir a las tradicionales entrevistas domiciliarias de las operaciones censales. El cambio no eliminó las facultades municipales para comprobar presencialmente la residencia de los ciudadanos.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que los padrones municipales constituyen una fuente esencial para actualizar el censo electoral. Por ello, una inscripción fraudulenta podría tener repercusiones en las listas de votantes cuando corresponda a un ciudadano con derecho de sufragio y no sea corregida por los mecanismos de control.

No obstante, todavía se desconoce cuántas de las irregularidades descubiertas han llegado a trasladarse al censo electoral de las generales del 29-N. Tampoco existe constancia de que los registros de personas fallecidas identificados en los padrones estén siendo utilizados para emitir votos fraudulentos.