La amenaza islamista sigue creciendo en España, también tras los muros de las prisiones. Según datos publicados por ABC, los Mossos d’Esquadra identificaron en 2024 un total de 159 posibles casos de radicalización violenta, de los cuales seis de cada diez vinculados al yihadismo.

El sargento Pol C. Aritzeta, de la Comisaría General de Información, reconoció que la lucha contra la radicalización violenta se ha convertido en una prioridad y que resulta esencial detectarla de manera temprana: «Un endurecimiento del lenguaje, un cambio en la interacción social, el consumo de narrativa violenta o simbología extremista».

En el caso de las prisiones, la situación es especialmente delicada. Allí conviven internos condenados por terrorismo islámico, que al salir son monitorizados por las fuerzas de seguridad, con reclusos que, sin haber tenido vínculos previos, resultan vulnerables a la propaganda yihadista.

Aunque algunos funcionarios insisten en que «lo que ocurre en prisión no siempre tiene recorrido fuera», los expertos advierten de un patrón preocupante: presos vulnerables que buscan protección dentro de las cárceles terminan absorbidos por el discurso islamista y pueden ser manipulados por condenados con un relato fanático más sólido.

Aritzeta distingue entre los presos que realizan «verbalizaciones violentas sin consistencia ideológica» y aquellos con una motivación real, como ocurrió con la célula de Ripoll, responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. «Lo peligroso —advierte— es un condenado por terrorismo, con un buen discurso, que vehicula a gente vulnerable. Eso es lo que se intenta evitar».

Los Mossos reconocen que la radicalización afecta principalmente al islamismo, pero no se limita a él: en las prisiones también existen grupos violentos ligados al extremismo de izquierda o a facciones ultras. Sin embargo, la mayor preocupación sigue siendo el yihadismo, que continúa encontrando en las cárceles españolas un terreno fértil para extenderse.