El documento presentado por la Comisión Europea el pasado 20 de octubre para orientar el futuro de la pesca y la acuicultura hasta 2040 ha provocado críticas entre los representantes del sector español. Cepesca considera que Bruselas identifica las dificultades de la actividad, pero deja sin concretar las reformas necesarias para afrontarlas. Su secretario general, Javier Garat, reclama en declaraciones a OkDiario un compromiso para revisar la Política Pesquera Común (PPC) y adaptar las restricciones a la evolución de los recursos marinos y a las necesidades de las empresas pesqueras.

La pérdida de capacidad de la flota española refleja el deterioro que denuncia el sector. Desde la aprobación de la actual PPC, en 2013, el número de embarcaciones ha descendido de 9.871 a 8.324, mientras que su antigüedad media alcanza los 37 años. La escasa renovación de los buques, las dificultades para incorporar trabajadores y la falta de rentabilidad figuran entre los problemas pendientes. A escala comunitaria, la producción propia apenas cubre el 38% del pescado que consume la Unión Europea.

El Mediterráneo occidental concentra una de las principales reclamaciones. Los armadores españoles de arrastre han pasado de disponer de 230 jornadas de trabajo anuales en 2019 a una media de 143 días en 2026: 87 menos, una reducción cercana al 40%. Las empresas atribuyen buena parte de esta pérdida de actividad al plan plurianual aprobado en 2019 y piden modificarlo junto con la PPC. Garat destaca que la Visión 2040 reconoce una recuperación de las poblaciones de peces en la región, sin acompañarla de compromisos suficientes para revisar las limitaciones.

Según explica el representante de Cepesca, el sistema utilizado para determinar el esfuerzo pesquero toma como referencia la especie que presenta una situación de conservación más desfavorable. El sector cuestiona las consecuencias de aplicar ese criterio sobre el conjunto de la actividad. Como ejemplo, recuerda la propuesta que la Comisión planteó en diciembre de 2025 para permitir únicamente nueve días de faena durante 2026. Luis Planas llegó a calificar aquel planteamiento como propio «de otro planeta». Los Estados miembros modificaron posteriormente la propuesta durante las negociaciones, aunque el acuerdo tampoco ha resuelto las quejas de los pescadores.

Los armadores reclaman que la normativa valore las inversiones realizadas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. También solicitan flexibilizar las medidas de compensación, que permiten obtener jornadas adicionales de trabajo a cambio de introducir mejoras para proteger los recursos y los ecosistemas marinos. Esperaban que la estrategia pesquera recogiera un giro comparable al que apreciaron, con cautela, en la Visión para la Agricultura presentada en febrero de 2025: una mayor atención a la viabilidad económica y una reducción de las cargas administrativas y ambientales acumuladas.

El Parlamento Europeo ha respaldado parte de esas demandas mediante una resolución aprobada el pasado 12 de octubre. La Eurocámara pidió suavizar las restricciones «siempre que la ciencia lo justifique» e instó a revisar el marco normativo antes del 1 de diciembre. El pronunciamiento no es vinculante, por lo que el sector espera ahora conocer qué cambios está dispuesta a impulsar la Comisión. Para Cepesca, reconocer el envejecimiento de la flota y la pérdida de rentabilidad resulta insuficiente si ese diagnóstico no desemboca en medidas concretas.