La tasación de las joyas intervenidas por la UDEF en una caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero asciende provisionalmente a 1,32 millones de euros, aunque, según publica este sábado The Objective, su valor real podría situarse entre cuatro y diez millones si se incorporan criterios como la exclusividad de las piezas, su elaboración artesanal y una eventual procedencia de la familia real saudí.

La valoración, encargada por la Audiencia Nacional a la casa Ansorena, corresponde al denominado «valor de reposición», es decir, el coste estimado de fabricar nuevamente las piezas en la actualidad. Según las fuentes consultadas, este cálculo no refleja el posible precio de mercado ni otros factores determinantes en una eventual venta o subasta.

Los técnicos que participaron en los análisis consideran que la tasación podría incrementarse de forma notable si se valoran elementos como el carácter único del conjunto, la dificultad para obtener algunas de las piedras preciosas y el trabajo de orfebrería realizado por encargo. Además, los certificados del Instituto Gemológico Español incluyen referencias a varias piedras «no analizadas», entre ellas «cinco piedras incoloras» y «una piedra roja», lo que deja abierta la posibilidad de una revisión más exhaustiva.

Las mismas fuentes apuntan que, si se acreditara un origen vinculado a la realeza saudí, el valor de las joyas podría aumentar significativamente, siguiendo el comportamiento habitual de piezas con procedencia histórica certificada en grandes casas internacionales de subastas.

En paralelo, Hacienda ha iniciado una investigación para determinar si existen responsabilidades tributarias derivadas de este patrimonio. Según fuentes de la Administración tributaria citadas en la información original, una valoración de 1,32 millones situaría la presunta cuota defraudada en torno a 581.000 euros, una cifra cercana al umbral legal de 600.000 euros que marca el delito fiscal agravado. Una eventual revalorización de las joyas podría tener incidencia en la calificación jurídica de los hechos si se acreditaran los extremos actualmente investigados.