El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas residiendo en una vivienda del barrio madrileño de Retiro, se ha convertido en una nueva batalla política para la izquierda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros y el Sindicato de Inquilinas han utilizado el caso para cargar contra la Comunidad de Madrid y reclamar nuevas medidas que dificulten los lanzamientos. La movilización contrasta con otros casos de mujeres, algunas también de avanzada edad, que han sufrido durante años las consecuencias de la inquiokupación sin provocar una reacción institucional semejante.

Isabel, Amaya, Anabel, Yesica, Teresa y Carmen protagonizaron en los últimos años situaciones de impago, procedimientos judiciales interminables e incluso episodios de amenazas o violencia, detalla The Objective. Algunos de estos casos estuvieron condicionados por mecanismos de suspensión vinculados a la vulnerabilidad de los ocupantes.

Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales por el piso en el que había vivido durante 70 años. La propiedad pretendía elevar la renta hasta los 1.650 euros, por encima de su pensión de 1.300. El lanzamiento se ejecutó este miércoles después de varios aplazamientos y en medio de una concentración convocada para tratar de impedirlo.

El caso ha desencadenado una ofensiva política. Sánchez lo calificó de «tragedia social» y acusó a la Comunidad de Madrid de haber hecho «caso omiso» a la afectada, mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo vinculó a las «consecuencias de la especulación salvaje». Sumar ha ido todavía más lejos y ha reclamado al PSOE llevar al Consejo de Ministros la expropiación del inmueble, además de aprobar un nuevo decreto en materia de vivienda.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ofreció a Maricarmen dos alternativas habitacionales, aunque finalmente la mujer optó por trasladarse con un familiar. La sociedad propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, había presentado además en enero una querella contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y contra el honor.

Isabel, 91 años y cuatro años sin recuperar su vivienda

El despliegue político contrasta con la experiencia de Isabel. Con 91 años, pasó cuatro años sin poder recuperar una vivienda alquilada a ciudadanos marroquíes. Los inquilinos habían dejado de abonar los 400 euros mensuales pactados y percibían 1.309,25 euros al mes de Ingreso Mínimo Vital, una cantidad superior a la pensión de la propietaria, según documentación consultada por The Objective.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Málaga ordenó el desalojo en julio de 2022 y la Audiencia Provincial confirmó posteriormente la resolución. Pese a las resoluciones judiciales favorables a la propietaria, el procedimiento se prolongó mediante recursos y mecanismos vinculados a la declaración de vulnerabilidad, la justicia gratuita y los servicios sociales. Isabel no recuperó el inmueble hasta abril de este año, con la intervención del despacho Torres y Tur Abogados.

De pedir limosna a trabajar en dos sitios para mantener su propiedad

Amaya llegó a colocarse ante el Ayuntamiento de Portugalete para pedir dinero después de que su inquilina dejara de pagarle. Cobraba 907 euros de prestación por desempleo, tenía dos hijas pequeñas y vivía con su madre enferma. Mientras tanto, seguía afrontando la hipoteca y los gastos legales derivados del procedimiento. El lanzamiento llegó a aplazarse en dos ocasiones por intervenciones quirúrgicas alegadas por la arrendataria.

Una situación distinta, pero también prolongada, fue la de Anabel, una enfermera de Pamplona que había comprado una vivienda pensando en su jubilación. Los impagos la obligaron a desempeñar dos trabajos para afrontar los gastos. En marzo de 2024 denunciaba que acumulaba unos 25.000 euros de deuda y que la declaración de vulnerabilidad de los residentes impedía recuperar el inmueble.

Agresiones dentro de su propia casa

El caso de Yesica llegó todavía más lejos. Había alquilado una habitación de su domicilio de Alcorcón a una mujer albanesa. Cuando terminó el contrato, la inquilina se negó a abandonar la vivienda y dejó de pagar. Yesica denunció entonces insultos, destrozos, robos y agresiones mientras continuaba compartiendo techo con ella junto a su marido y su madre de 90 años.

La situación terminó después de una pelea en la que, según relató la propietaria, tanto ella como su madre fueron agredidas. La Justicia dictó entonces una orden de alejamiento y la mujer tuvo que abandonar el domicilio. Yesica aseguró haber presentado más de 30 denuncias durante el conflicto y afirmó que había sufrido importantes secuelas emocionales.

También Teresa, una viuda de 82 años de Fuenlabrada, denunció públicamente las consecuencias de un prolongado conflicto con sus inquilinos. Según relató en Telemadrid, dejaron de pagar el alquiler y llegaron a asegurar a su marido que no recuperarían la vivienda. Teresa vinculó el deterioro sufrido por su esposo antes de fallecer con la angustia provocada por la situación.

Amenazas, agresiones y una casa incendiada

Carmen, de 56 años y residente en San Javier (Murcia), llegó a declararse en huelga de hambre para reclamar una solución. La propietaria denunció que la mujer a la que había alquilado su vivienda dejó de pagar después de cuatro meses y posteriormente la amenazó y agredió. También afirmó haber sufrido un intento de atropello.

La vivienda terminó incendiada. Carmen atribuyó el fuego a su inquiokupa, aunque en sus declaraciones públicas presentó esa responsabilidad como una acusación pendiente de determinación judicial. Tras meses de conflicto, aseguraba que había tenido que abandonar su propia casa y trasladarse a la de su padre.

Los casos muestran una de las controversias centrales de la política de vivienda: quién debe asumir el coste cuando un arrendatario es declarado vulnerable. La Plataforma de Afectados por la Ocupación sostiene que las normas de suspensión de lanzamientos trasladan esa carga a pequeños propietarios y reclama que sean las administraciones las que proporcionen alternativas habitacionales.

Mientras el caso de Maricarmen ha provocado declaraciones del presidente, pronunciamientos de ministros, movilizaciones sindicales y hasta una propuesta de expropiación por parte de Sumar, las historias de estas propietarias no generaron una respuesta política equiparable. El debate vuelve ahora al Congreso ante el intento del PSOE de reunir apoyos para sacar adelante su próximo decreto de vivienda, para el que ya ha retomado los contactos con Junts.