Las piezas claves del accidente ferroviario de Adamuz aún no han sido sometidas a análisis en laboratorio más de dos meses después del siniestro en el que fallecieron 46 personas, una demora que está frenando el avance de la investigación judicial.

Según ha adelantado el Abc, el principal obstáculo ha sido la dificultad para nombrar peritos independientes. Tras varios intentos fallidos y la negativa de algunos especialistas a participar, la magistrada encargada del caso, Cristina Pastor, optó finalmente por designarlos mediante un sorteo realizado el pasado 27 de marzo. Aun así, los técnicos seleccionados deben confirmar su disponibilidad, algo que todavía no se ha producido.

La juez había solicitado previamente a la Junta de Andalucía un listado de expertos con amplia experiencia en el ámbito ferroviario. Tras varios requerimientos, se le remitió una relación de 40 candidatos con más de quince años de trayectoria. Sin embargo, la elección inicial de tres peritos no prosperó, lo que obligó a recurrir al procedimiento de insaculación para continuar con el proceso.

Mientras tanto, las pruebas materiales —como tramos de carril y soldaduras— permanecen precintadas bajo custodia de la Guardia Civil, sin que se hayan podido realizar los ensayos técnicos necesarios para esclarecer las causas del accidente. Estas pruebas se consideran determinantes para evaluar el estado real de la infraestructura en el momento del descarrilamiento.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) había propuesto ya en febrero el envío de las muestras a dos centros especializados para realizar estudios metalúrgicos. Uno de ellos era el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), donde se efectuarían pruebas no destructivas, y el otro la firma privada Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN), encargada de análisis más avanzados.

El plan contemplaba un coste superior a los 53.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Además, se exigía la presencia de la Policía Judicial en los trabajos que implicaran manipulación de las piezas, con el fin de garantizar la cadena de custodia. Sin embargo, la autorización judicial para poner en marcha estos ensayos fue denegada temporalmente a comienzos de marzo, a la espera de contar con peritos designados formalmente.

Esta paralización ha provocado que, pese a los informes elaborados tanto por la Guardia Civil como por la CIAF, la investigación apenas haya registrado avances significativos. Ambos organismos han acumulado abundante documentación, pero carecen aún de los resultados técnicos clave que permitan determinar las causas exactas del siniestro.

En paralelo, la instrucción se ha visto marcada por varios desencuentros entre el juzgado y ADIF. Uno de los primeros se produjo tras la retirada de material de la zona sin autorización judicial, lo que incluyó la realización de pruebas sobre piezas trasladadas a una base de mantenimiento.

Posteriormente, la magistrada reprendió a la entidad pública por ejecutar trabajos en un tramo cercano al lugar del accidente sin comunicarlo previamente ni contar con el visto bueno judicial. Incluso se detectó que se habían sustituido más carriles de los inicialmente declarados, debido a la existencia de material que carecía de certificación de calidad, lo que motivó nuevas diligencias encargadas a la Guardia Civil.

A la espera de que se desbloquee la designación de los peritos y puedan iniciarse los análisis técnicos, la investigación continúa en una fase preliminar, sin avances concluyentes sobre las causas que originaron la tragedia ferroviaria.