El 7 de mayo, apenas unos días después de que se conociera la imputación de Begoña Gómez, la “fontanera” socialista Leire Díez acudió a una reunión con el fiscal Ignacio Stampa. Allí, junto al empresario Javier Pérez Dolset, dejó tres frases que hoy son clave en una investigación judicial que ya roza a la cúspide del poder: “El presidente ha dado orden de limpiar sin límite”, “Pedro Sánchez mandó revertir la situación, caiga quien caiga”, y “tengo acceso al 1”. Tres afirmaciones que, según los testimonios recogidos por la Guardia Civil, apuntan de forma directa al presidente del Gobierno.
Cuando estalló la imputación de su esposa, Pedro Sánchez no sólo activó su maquinaria política para protegerla. Según Dolset, fue el propio presidente quien dio instrucciones de “limpiar sin límite”, según detalla este miércoles La Razón. Ese mensaje fue trasladado personalmente por Leire Díez al fiscal Stampa durante una reunión mantenida el 7 de mayo, en pleno terremoto político por el caso Begoña Gómez. La orden de “limpieza” no se refería a una simple defensa mediática. Buscaba intervenir en causas judiciales y desactivar a quienes pudieran amenazar la estabilidad del entorno presidencial, según se desprende de los testimonios ya en manos del juez Arturo Zamarriego.
La segunda cita es aún más explícita. “Eso es lo que ha dicho el presidente”, insistió Dolset ante los investigadores. Sánchez, tras conocer la imputación de su mujer, habría ordenado “revertir la situación, caiga quien caiga”. Las diligencias apuntan a que las maniobras del entorno socialista tenían un objetivo más amplio: neutralizar al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, responsable del “caso Koldo”. La estrategia pasaba por buscar información comprometedora sobre fiscales incómodos y ofrecer favores o destinos a cambio de silencio.
La tercera frase, atribuida directamente a Leire Díez, evidencia el grado de cercanía con La Moncloa. Según el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, la “fontanera” socialista repitió en varias ocasiones que tenía “acceso al 1”, unas veces refiriéndose “al del partido” y otras “al del Gobierno”. Esa seguridad con la que se presentaba ante fiscales y periodistas servía para reforzar la idea de que sus actuaciones contaban con respaldo institucional. Tanto Stampa como Grinda —los dos fiscales presionados— afirmaron que los emisarios les dejaron claro que las gestiones estaban “avaladas por las más altas instancias del Estado”.
Inicialmente, a Stampa se le comunicó que acudiría Santos Cerdán, el “número tres” del PSOE, en representación del Ejecutivo. Iba a “disculparse” por su salida de Anticorrupción en 2020, pero no apareció. En su lugar, Díez se presentó como “la persona designada por el PSOE para investigar las irregularidades en informes policiales y fiscales”. Su nombre ya había aparecido en la sede de Ferraz durante los cinco días de abril en los que Sánchez “reflexionó” tras la citación judicial de su esposa. A su alrededor se movían Dolset y el periodista Pere Rusiñol, hoy investigados junto a ella por cohecho y tráfico de influencias.
Los fiscales Grinda y Stampa denunciaron que se les ofreció “protección”, el archivo de causas abiertas y hasta destinos en el extranjero a cambio de información o declaraciones contra sus superiores. Cuando se negaron, los intentos derivaron en insinuaciones y chantajes. En esas conversaciones se mencionaron causas tan sensibles como el “caso Pujol”, el “caso del 3%”, Banca Privada de Andorra o la trama de Caranjuez, todas bajo la órbita de Anticorrupción.
El juez Arturo Zamarriego ha citado a los dos fiscales para el próximo 5 de noviembre. Sus testimonios pueden ser determinantes para esclarecer hasta qué punto las tres frases de Leire Díez no eran simples alardes, sino el reflejo de una orden política emanada del propio presidente. Porque, si se confirma, la historia podría dar un giro histórico: el caso Begoña Gómez dejaría de ser un problema personal para convertirse en el mayor escándalo institucional de la era Sánchez.
