Las cuatro prórrogas presupuestarias que España ha vivido desde 2018 —año en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa— no han frenado el aumento constante de las transferencias del Gobierno central a las principales organizaciones sindicales. Lo que en aquel ejercicio representaba 8,9 millones de euros se ha convertido, según las previsiones para 2025, en un desembolso de 32 millones, multiplicando por casi cuatro la cifra inicial. El mayor salto se ha registrado precisamente en la última anualidad: de los 17 millones consignados en 2023 se ha pasado a duplicar esa cantidad en apenas un año.

El punto de inflexión se produjo en 2021, con un presupuesto de 13,8 millones que al ejercicio siguiente ascendió a 17 millones. En diciembre de 2024 se decidió un nuevo incremento hasta los 32 millones, un récord que coincide con un contexto de negociaciones complejas para el Ministerio de Trabajo, donde sus aliados más sólidos han sido, precisamente, los sindicatos.

Estas ayudas públicas suponen en torno al 15%-17% de la financiación total de las centrales en España. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública justifica la partida como respaldo a la actividad de mediación, diálogo social y negociación colectiva que ejercen las organizaciones sindicales. Por su parte, Trabajo sostiene que el aumento responde a la necesidad de adecuar las cantidades a la evolución del IPC, que desde 2008 se ha disparado un 34%, mientras que las aportaciones estatales solo se habían incrementado hasta ahora un 7,6%.

La ampliación de fondos en 2025 supone el mayor crecimiento de las últimas décadas, con un alza del 88,2% respecto al año previo. Al encontrarse el país sin nuevas Cuentas aprobadas, la fórmula empleada es la habitual: suplementos de crédito que refuerzan partidas ya contempladas en ejercicios anteriores.

En la distribución, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) encabezan el listado al ser las fuerzas sindicales con mayor representatividad en las elecciones laborales y con presencia en todos los territorios y sectores productivos. La CSIF ocupa la tercera posición, seguida de sindicatos autonómicos como la CIG en Galicia o ELA en el País Vasco.

Durante el tiempo que Yolanda Díaz ha dirigido el Ministerio de Trabajo —desde 2020—, el peso de las dos centrales históricas se ha reforzado. Han sido actores clave en acuerdos relevantes como la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la reforma del subsidio por desempleo o los cambios en las pensiones, en muchas ocasiones sin consenso con la patronal. El respaldo gubernamental contrasta con el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando también hubo incrementos —por ejemplo, de 11,2 millones en 2005 a 15,2 en 2006—, aunque en un contexto económico más favorable y con Presupuestos plenamente en vigor.