La exmilitante socialista Leire Díez planteó en 2020 la necesidad de buscar información que pudiera comprometer a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, con el objetivo de provocar no solo su «muerte procesal», sino también su desgaste público. Así consta en una conversación recogida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dentro del sumario del caso Leire Díez, que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

En uno de los mensajes citados por los investigadores, Díez afirmó que estaba «hilando un relato» contra la magistrada. La comunicación fue enviada en enero de 2020 a un policía, junto a una noticia sobre la reapertura de la adjudicación de Aznalcóllar para investigar al entonces presidente de la SEPI.

Según el atestado, Leire Díez añadió en ese intercambio que, además de la vía procesal, era necesario impulsar también una dimensión social contra la jueza. Meses después, en marzo de ese mismo año, fue más lejos y escribió: «Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis».

La Guardia Civil sostiene que Alaya era uno de los objetivos del grupo por su papel en la instrucción de causas como los ERE y la mina de Aznalcóllar. En ese contexto, el informe recoge que Díez mantuvo dos reuniones en 2020 con el responsable de la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla, conocido como Torrente, para tratar de obtener datos que pudieran perjudicar a la magistrada.

El sumario también incluye una conversación posterior con un periodista que había publicado una información sobre Alaya y el caso ERE. En ese contacto, Díez le preguntó qué podían «destapar» de la jueza.

Estas actuaciones aparecen en un atestado de la UCO incorporado a la causa que investiga las maniobras presuntamente impulsadas por Leire Díez y por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también imputado, para atacar a distintos miembros de la carrera judicial.

Entre los magistrados mencionados por los investigadores figuran Juan Carlos Peinado, que instruye la causa sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; Mercedes Alaya, por su intervención en los procedimientos de los ERE y Aznalcóllar; y Beatriz Biedma, que llevó al banquillo al hermano del presidente, David Sánchez.

El informe de la Guardia Civil también recoge supuestos intentos de aproximación o soborno a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, dentro de una investigación que trata de determinar el alcance de las maniobras atribuidas al entorno de Leire Díez.