Una instrucción del Ministerio de Justicia de junio de 2023 permitió tramitar solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática sin exigir documentos que acreditasen el exilio de los antepasados, según un oficio de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, publicado por okdiario.
El documento, firmado el 13 de junio de 2023, respondía a una consulta del Consulado General de España en Montreal (Canadá), que preguntaba si los descendientes de españoles nacidos en el extranjero podían acogerse a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 sin aportar pruebas de la expatriación de sus ascendientes ni de su establecimiento permanente en otro país.
Puente respondió afirmativamente y señaló que bastaba con acreditar la nacionalidad originariamente española del padre, la madre, el abuelo o la abuela de la persona nacida fuera de España. De esta manera, la interpretación administrativa prescindía de exigir, para ese supuesto, documentación específica sobre la salida del territorio español y la condición de exiliado del antepasado.
La cuestión resulta relevante por la diferencia entre el texto legal aprobado por las Cortes y el alcance atribuido a su aplicación administrativa. La disposición contempla a descendientes de españoles que, como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencias o relacionados con la orientación e identidad sexual, perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.
Sin embargo, la instrucción permitió tramitar solicitudes sin exigir esa acreditación documental en el supuesto consultado. Según la información publicada por okdiario, esta interpretación amplió el acceso a la nacionalidad a descendientes de emigrantes que no necesariamente habían abandonado España por motivos políticos ni durante la Guerra Civil o la dictadura.
De este modo, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española y 600.000 ya la han obtenido. De estas últimas, unas 370.000 figuran inscritas en el registro de matrícula consular que sirve de base para el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
