En los últimos meses, decenas de brasileñas embarazadas han viajado desde Francia y Bélgica hasta la provincia de Burgos para dar a luz en hospitales públicos españoles y conseguir la nacionalidad española para sus hijos. Detrás de estos desplazamientos se encontraba una presunta organización criminal integrada por dos españoles y dos brasileños que cobraba hasta 2.500 euros por gestionar el alojamiento, el empadronamiento y los trámites administrativos de las mujeres. La Guardia Civil ha identificado al menos 25 nacimientos vinculados a esta actividad en la comarca de Las Merindades, según ha revelado Crónica, de El Mundo.

La investigación, denominada Operación Janduis, comenzó después de que los profesionales sanitarios de Medina de Pomar detectaran una concentración inusual de embarazadas brasileñas que acudían a consulta y facilitaban las mismas direcciones de residencia. En algunos casos, las mujeres también compartían números de teléfono y acudían acompañadas por un mismo individuo. Estas coincidencias llevaron a la Gerencia de Atención Primaria de Burgos a alertar a la Guardia Civil el pasado mes de mayo.

Los agentes descubrieron que la organización llevaba operando desde finales de 2025 en Medina de Pomar y Villarcayo, dos localidades del norte de Burgos donde el precio relativamente reducido de las viviendas facilitaba el negocio. La trama disponía de seis inmuebles que utilizaba para alojar temporalmente a las mujeres y a sus acompañantes. Algunas llegaban en la fase final del embarazo y abandonaban España después de completar los trámites relacionados con el nacimiento y la documentación de sus hijos.

La captación se realizaba principalmente mediante anuncios y contactos en Facebook e Instagram, donde los responsables ofrecían servicios destinados a embarazadas brasileñas residentes en otros países europeos sin autorización de residencia. Los paquetes comenzaban en unos 1.000 euros y podían alcanzar los 2.500. Incluían habitaciones compartidas, traslados a centros sanitarios, gestiones de empadronamiento y acompañamiento durante los procedimientos administrativos.

Según ha explicado el comandante Alejandro Hernández, responsable del Grupo de Información de la Guardia Civil de Burgos, dos ciudadanos españoles dirigían la estructura y controlaban los inmuebles. Uno de ellos, residente en Medina de Pomar, había adquirido viviendas económicas que acondicionaba para alojar simultáneamente a varias familias. El segundo, procedente de Bilbao, colaboraba en la administración de los pisos y en la preparación de contratos de alquiler presuntamente ficticios utilizados para justificar los empadronamientos.

Los otros dos integrantes, de nacionalidad brasileña, mantenían el contacto directo con las clientas. Un hombre de 38 años se encargaba de localizar embarazadas interesadas y organizar sus desplazamientos, mientras que su pareja colaboraba con el transporte y ejercía de intérprete ante médicos y funcionarios. El aeropuerto de Santander era uno de los principales puntos de llegada, desde donde los miembros de la red recogían a las mujeres para trasladarlas a los alojamientos de Burgos.

El negocio también aprovechaba las particularidades de la legislación española sobre nacionalidad. El Código Civil contempla la posibilidad de reconocer como españoles de origen a determinados menores nacidos en España cuyos padres extranjeros no les transmitan una nacionalidad automáticamente. Este procedimiento, conocido como nacionalidad con valor de simple presunción, pretende evitar situaciones de apatridia y puede resultar aplicable a hijos de ciudadanos brasileños cuando concurren los requisitos legales.

La organización ofrecía asesoramiento para iniciar estos expedientes después del nacimiento. Una vez reconocida la nacionalidad española del menor, sus progenitores podían solicitar una autorización de residencia como familiares de un ciudadano español, siempre que cumplieran las condiciones establecidas. La Guardia Civil calcula que alrededor de 55 personas se habrían beneficiado de las gestiones relacionadas con los 25 nacimientos investigados, incluidos padres que viajaban expresamente para completar la documentación.

Los investigadores han detectado además una segunda fuente de ingresos. Según las pesquisas, los responsables cobraban por empadronar a otros extranjeros en los mismos inmuebles, aunque no residieran realmente allí ni mantuvieran relación con las embarazadas. El objetivo de estos empadronamientos presuntamente fraudulentos era proporcionar documentos con los que acreditar una estancia en España ante futuros procedimientos de regularización. La Guardia Civil continúa examinando las cuentas de los implicados para determinar los beneficios obtenidos.

La actividad llamó especialmente la atención en Medina de Pomar, un municipio de unos 6.000 habitantes que registró una media de 36 nacimientos anuales entre 2019 y 2023. Los 25 partos relacionados con la trama en apenas diez meses constituyen una cifra considerable en comparación con los registros habituales de la localidad. Algunos vecinos observaron durante el verano un movimiento constante de mujeres embarazadas, parejas y carritos infantiles en varios edificios del municipio.

La investigación también ha puesto el foco en diferentes comunidades de redes sociales donde se intercambia información sobre la posibilidad de obtener documentación española tras un nacimiento. En grupos de Facebook dirigidos a ciudadanos brasileños residentes en Europa aparecen consultas sobre hospitales, precios de alquiler y registros civiles de distintas provincias españolas. Algunas participantes preguntan expresamente por los municipios donde resulta más sencillo tramitar la nacionalidad de los recién nacidos.

Los agentes consideran que este tipo de actividad podría extenderse a otras ciudades españolas, donde la llegada de embarazadas extranjeras resulta más difícil de detectar debido al mayor volumen de población. No obstante, el reconocimiento de la nacionalidad por simple presunción es un procedimiento legal de protección de los menores, mientras que las posibles irregularidades investigadas en Burgos se centran en la intermediación lucrativa, los contratos simulados y los empadronamientos presuntamente falsos.