Los asentamientos surgidos en distintos puntos de Ceuta tras la invasión de los días 30 y 31 de julio están provocando una acumulación de riesgos que va mucho más allá de los problemas de orden público. Un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la ciudad autónoma alerta del peligro de incendios, la acumulación de residuos, el deterioro de espacios naturales, la afección a especies protegidas y los problemas derivados de la instalación de campamentos junto a infraestructuras esenciales.

La situación ha llevado al Gobierno ceutí a reclamar la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Entre las medidas solicitadas figura actuar «de manera inmediata» dentro de sus competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre para conseguir el desalojo definitivo de los asentamientos de El Trampolín, Benítez y otros puntos del litoral. La Ciudad también reclama intervenciones en los campamentos levantados en zonas de monte y un refuerzo del SEPRONA.

El riesgo de incendios constituye uno de los principales motivos de preocupación. La presencia continuada de personas en áreas de vegetación, la utilización de fuego para cocinar y calentarse y la acumulación de grandes cantidades de residuos y materiales inflamables crean un escenario especialmente delicado.

Los últimos días ya han ofrecido ejemplos de esa vulnerabilidad. El pasado jueves, 42 chabolas situadas junto a las naves del Tarajal quedaron calcinadas en un incendio de grandes dimensiones. Los bomberos necesitaron más de 7.000 litros de agua para extinguir unas llamas que llegaron a superar los ocho metros de altura. La Policía Nacional considera inicialmente que aquel fuego pudo tener un origen accidental, aunque mantiene abiertas las pesquisas para esclarecerlo.

También se han producido varios incendios en las inmediaciones de García Aldave, donde existen asentamientos improvisados. El pasado 10 de septiembre, un fuego en La Colina obligó a movilizar a Bomberos, Guardia Civil y militares de La Legión. Era el segundo incendio registrado en la zona en apenas una semana. Los servicios de emergencia llevan tiempo advirtiendo de las consecuencias de combinar vegetación seca, altas temperaturas, residuos y fuegos encendidos al aire libre.

El problema ha quedado reflejado también en las estadísticas oficiales. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, reveló la semana pasada que el Servicio de Extinción de Incendios pasó de efectuar 14 intervenciones durante agosto de 2025 a 89 en agosto de este año, un incremento superior al 500%.

Pero el fuego no es el único riesgo detectado. El informe de Medio Ambiente advierte también de daños sobre el patrimonio natural y la biodiversidad de Ceuta. La proliferación de asentamientos ha generado acumulaciones de basura, alteraciones de hábitats y episodios de captura de fauna en distintos puntos de la ciudad.

Una de las especies afectadas es la Patella ferruginea, o lapa ferrugínea, catalogada oficialmente como especie en peligro de extinción. Ceuta alberga una de las principales poblaciones españolas de este molusco: el propio MITECO calcula que alrededor del 27% o 28% de los ejemplares existentes en España se encuentran en sus costas.

Ya en agosto se habían documentado daños sobre ejemplares de esta especie en el entorno de Benítez-Calamocarro coincidiendo con la proliferación de asentamientos. La legislación prohíbe su captura, retirada o destrucción precisamente por su elevado grado de protección.

La preocupación de la Administración ceutí alcanza además a infraestructuras esenciales para el funcionamiento de la ciudad. Uno de los puntos especialmente sensibles es Playa Benítez, donde se encuentra la planta desalinizadora que constituye una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de Ceuta.

La planificación hidrológica oficial establece que los recursos de la ciudad proceden fundamentalmente de dos fuentes: la desalinizadora y los embalses de El Infierno y El Renegado. La instalación situada en Playa Benítez tiene capacidad para producir 30.000 metros cúbicos diarios de agua.

La Ciudad ya había advertido de la expansión de asentamientos en las proximidades de las instalaciones relacionadas con el ciclo del agua y había reclamado su retirada. Ahora el informe medioambiental incluye esas ubicaciones entre las situaciones que requieren intervención debido a los riesgos para la seguridad, el acceso y el normal funcionamiento de servicios básicos.

Eso no significa que el abastecimiento de agua de Ceuta esté actualmente interrumpido ni que exista constancia de daños en la planta. El problema señalado por los técnicos es preventivo: evitar que la consolidación de asentamientos junto a instalaciones estratégicas pueda comprometer su seguridad o dificultar la actuación de los servicios responsables.

La presión alcanza igualmente al litoral. El Trampolín se convirtió, después del 30-J, en uno de los mayores campamentos improvisados de la ciudad. El Gobierno llegó a desalojar a unas 1.400 personas el 20 de agosto, pero cientos regresaron pocas horas después, obligando incluso a suspender los trabajos de limpieza por falta de garantías de seguridad para los empleados municipales.

La consecuencia es que la Ciudad considera ahora insuficiente trasladar temporalmente a los ocupantes de un punto a otro. Su petición al Estado pasa por impedir que los asentamientos vuelvan a consolidarse en las playas y espacios naturales una vez efectuados los desalojos y reforzar la vigilancia de las zonas liberadas.

La situación medioambiental se suma así a una lista creciente de consecuencias derivadas de la invasión de finales de julio. A los problemas de seguridad, la saturación administrativa y la presión sobre los servicios públicos se añade ahora la advertencia de los técnicos sobre incendios, degradación de espacios naturales y ocupación de enclaves próximos a infraestructuras esenciales.

Más de seis semanas después del 30-J, la Ciudad reclama al Gobierno central que intervenga en aquellos espacios en los que las competencias corresponden al Estado. El objetivo, según los informes técnicos, ya no es únicamente recuperar playas y montes ocupados: se trata de evitar que los asentamientos terminen provocando daños de difícil reparación en el patrimonio natural o generando problemas en servicios básicos para los ceutíes.