La burocracia y la falta de iniciativa siguen provocando dramas extremos en España ante la llegada de catástrofes naturales. Mientras el país arde en una de las peores campañas de incendios forestales de las últimas décadas —con más de 120.000 hectáreas calcinadas hasta finales de julio, el triple que en el mismo periodo de 2025, y decenas de miles de evacuados en Madrid, Ávila, Guadalajara y otras provincias—, un formulario municipal se ha convertido en símbolo de la parálisis administrativa que alimenta el combustible de las llamas.

Se trata de la «Solicitud de aprovechamiento de leñas muertas y retirada de árboles muertos caídos» del Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid), un documento que exige datos personales, declaraciones responsables, identificación del monte, matrícula del vehículo e incluso solicitud de llaves de barreras de acceso, todo ello para que un vecino pueda recoger ramas secas o piñas del suelo. El propio texto del formulario, difundido masivamente en redes sociales, ilustra la crítica que se ha extendido en las últimas horas: «El ayuntamiento tiene autoridad para prohibir coger piñas y ramas muertas del monte, pero no medios para impedir que ardan».

La denuncia, originada en un mensaje del profesor y escritor Carlos Martínez Gorriarán, apunta a una paradoja extendida en muchos municipios españoles: las corporaciones locales y las administraciones forestales imponen trámites rígidos y autorizaciones previas para el aprovechamiento de biomasa muerta —leña caída, ramas secas o piñas—, una práctica tradicional que durante siglos ayudaba a limpiar el monte y reducir el material inflamable. Sin embargo, esas mismas administraciones carecen de personal, presupuestos o voluntad política suficientes para realizar limpiezas preventivas a gran escala, dejar el suelo libre de combustible o combatir eficazmente los fuegos cuando estos se desatan.

En un año en el que ya se han registrado 343 incendios forestales —frente a 129 en 2025— y se han declarado emergencias de interés nacional por los incendios del suroeste de Madrid y Ávila, que han obligado a confinar o desalojar a más de 60.000 personas, la acumulación de material seco se señala como uno de los factores que convierte pequeños focos en grandes catástrofes. Expertos forestales y vecinos de zonas de riesgo coinciden en que la retirada controlada y ágil de leña muerta por parte de la población local podría actuar como una medida preventiva sencilla y de bajo coste. En cambio, la burocracia convierte ese gesto en un obstáculo: formularios, plazos, declaraciones y controles que desincentivan cualquier iniciativa ciudadana.

Mientras las llamas avanzan y los medios aéreos y terrestres se enfrentan a incendios “fuera de capacidad de extinción”, el debate vuelve a centrarse en la gestión del monte. Los ayuntamientos pueden —y de hecho lo hacen— prohibir o condicionar severamente la recogida de lo que el fuego no tarda en consumir. Lo que no pueden, o no hacen, es impedir que ese mismo material se convierta en el combustible que transforma un verano seco en un drama nacional de evacuaciones, pérdidas millonarias y paisajes calcinados. La burocracia paralizante y la falta de iniciativa preventiva no son abstractas: hoy se miden en hectáreas quemadas y en vidas interrumpidas.