Asociaciones y sindicatos de la enseñanza concertada han denunciado que sufren discriminación tras conocer que el borrador del Plan de reconstrucción del PSOE y Podemos especifica que las ayudas a educación de los fondos europeos por el coronavirus solo se destinarán a la escuela pública de gestión directa.
En sendos comunicados, la Confederación de padres y madres de alumnos (Cofapa), la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Escuelas Católicas y FSIE han rechazado que no se tenga en cuenta en el Plan de reconstrucción a alrededor del 25 % de las familias del sistema educativo.
Para Cofapa supone «un duro revés» que se discrimine a todas esas familias y ha lamentado que el plan sea utilizado de forma partidista.
El presidente de Concapa, Pedro José Caballero, ha afirmado: «Quieren hacer una guerra ideológica en la que nosotros no participaremos, pero están creando unas diferencias notables entre unos alumnos y otros, y es ahí donde sí nos encontrarán».
De hecho, ha anunciado que llegarán a movilizar a las familias y a la comunidad educativa si se mantiene esta exclusión a la red concertada de las citadas ayudas.
«Todos hemos pasado la pandemia y hay que hacer frente a unos gastos para adecuar los centros educativos, los centros concertados tendrán esos mismos gastos», ha argumentado.
Por su parte, Escuelas Católicas ha afirmado que la idea del Gobierno discrimina a las familias que eligen la enseñanza concertada y «trata de hundir a todo un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia».
Además, ha opinado que se «consolida el tono absolutista de Podemos frente a la pluralidad educativa que corresponde a una sociedad democrática y prevalece en toda Europa».
«Se están aprovechando las circunstancias para introducir cuestiones ideológicas ajenas a las consecuencias de la COVID-19 en el ámbito educativo que con toda seguridad luego se consolidarán en la futura Lomloe», ha asegurado.
El sindicato FSIE ha manifestado también su rechazo a que se excluya a la concertada de las medidas de recuperación cuando estos centros forman parte del sistema público de educación.
«Se acusa falsamente al sector de segregar, seleccionar y discriminar al alumnado o de impedir el acceso de los más vulnerables a los centros cuando resulta que las normas de admisión son exactamente las mismas que en los centros públicos», ha argumentado FSIE en defensa de la red concertada.
«Mejorar la enseñanza es una obligación de los responsables políticos y lo deben hacer tanto en la red pública como en la concertada porque ambas forman parte del sistema público de educación», ha añadido.
Obispo de Ávila tilda de ideológica la exclusión de la enseñanza concertada
El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha considerado una «clara discriminación» sobre la escuela concertada su exclusión de las ayudas económicas tras la crisis provocada por el coronavirus por parte del Gobierno, algo que, a su juicio, responde a una decisión «ideológica y política».
Gil Tamayo, que ha firmado este jueves con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, un convenio de colaboración para el mantenimiento de templos en la provincia, cree que «hay grupos políticos radicales hoy en el poder que, desgraciadamente, no aguantan la libertad».
«Eso se manifiesta en decisiones, actuaciones, líneas políticas cargadas de unos tópicos que no corresponden a la realidad», como a su juicio lo es el hecho de que se diga que la concertada es «la escuela de los ricos».
En este sentido, el también presidente de la Fundación Las Edades del Hombre ha explicado que se trata de «una escuela de iniciativa social, que en España está fundamentalmente en manos de instituciones de Iglesia, en el uso de la libertad que consagra la Constitución».
En este contexto, ha afirmado que el gran pacto educativo «está en la Constitución», antes de añadir: «Pero claro, si se pierde el espíritu constitucional, como estamos percibiendo, se lleva por delante realidades ya plasmadas y vinculantes para el desarrollo legislativo posterior y para nuestra vida, que es la conjunción de igualdad y libertad».
En este contexto, Gil Tamayo ha incidido en el hecho de que la Constitución consagre «la libertad de los padres para elegir los centros educativos y el tipo de educación que creen de acuerdo con sus convicciones para sus hijos».
«El Estado no es el propietario de los hijos, ni de la educación. Es un derecho de los padres que desarrollan en libertad e igualdad que ha de garantizar el Estado», ha afirmado el obispo de Ávila, insistiendo en que se trata del «principio que consagra la Constitución y ampara después toda la jurisprudencia».
Desde su punto de vista, en este caso «se está excluyendo a casi un 30 por ciento de la población escolar» de estas ayudas, por «una decisión ideológica y política».
«No puede ser confinada la educación y sus derechos, sobre todo la libertad educativa», ha argumentado el prelado antes de recordar que en Ávila «hay una parte importante que es de iniciativa social y de instituciones de la Iglesia que supone, al mismo tiempo, un desarrollo de empleo para muchas personas».
En este sentido, se ha preguntado: «Si se ayudan iniciativas como la automoción u otros campos, sobre todo en crisis, ¿por qué se excluye por cuestiones ideológicas, simple y sencillamente tópicos anticlericales, a una parte importante de la sociedad, de la comunidad educativa, como los padres que llevan a sus hijos a los colegios concertados?».
El obispo de Ávila cree necesario «superar el tópico de que los colegios concertados son de ricos», al mismo tiempo que ha defendido la necesidad de «no dejarse llevar por el miedo a la libertad», ya que «la libertad es la condición del ejercicio de los derechos».