Correos atraviesa una situación crítica con más de 1.200 millones de euros en pérdidas acumuladas, un rescate público de 3.000 millones aprobado dentro del Plan Estratégico 2024-2028 y una estructura directiva en la que continúan numerosos cargos designados durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El deterioro económico se gestó entre 2018 y 2023, periodo en el que Serrano dirigió la empresa pública postal. En esos años no sólo se amplió el agujero financiero, sino que se incorporaron perfiles de su confianza a puestos estratégicos. Esa red de responsables permanece en áreas clave pese al relevo en la presidencia.

Pedro Saura asumió el cargo a finales de 2023. Sin embargo, más de dos años después, departamentos como Operaciones, Comercial, Finanzas y Secretaría General y Recursos Humanos siguen contando con directivos que llegaron o fueron promovidos bajo el mandato anterior. En este último ámbito figura Fernando Ramírez, incorporado con el beneplácito de la SEPI y cuya gestión no fue cuestionada públicamente durante la etapa de Serrano.

El sindicato UGT ha puesto el foco en esa continuidad. En un comunicado interno sostiene que, aunque Serrano ya no está, dejó Correos «trufado de herederos». La organización evita un choque frontal con el actual presidente, pero le reclama determinación y el fin de cualquier actitud de «tibieza» ante una situación que atribuye a seis años de deterioro estructural en lo económico y laboral.

Fuentes cercanas a la compañía apuntan además que buena parte de la tercera línea directiva y de la estructura territorial fue nombrada en la etapa de Serrano, lo que, a su juicio, implica una responsabilidad compartida en la coyuntura actual. También continúan colaboradores de aquel periodo en áreas como Internacional, Logística y Recursos Humanos de Correos Express.

Este debate coincide con la reapertura de la negociación del nuevo Convenio Colectivo, tras meses de parálisis. UGT exige que las propuestas de futuro se formulen con claridad y transparencia, sin ambigüedades, y advierte de la gravedad del momento que atraviesa el operador postal. El sindicato señala que la viabilidad del servicio público exige decisiones firmes en un contexto en el que, según subraya, fondos de inversión, lobbies privados y grandes multinacionales del sector logístico observan la situación.

Comisiones Obreras mantiene una postura más crítica con la gestión de Saura desde su llegada. UGT adopta un tono menos contundente, aunque reconoce la delicadeza del escenario.

Con un rescate millonario ya comprometido y un nuevo marco laboral en negociación, Correos se enfrenta a una etapa decisiva. La incógnita es si la actual dirección romperá con la etapa anterior o si los colocados del amigo de Sánchez seguirán marcando el rumbo de la mayor empresa pública postal del país.