La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que restituya de forma inmediata la unidad especializada contra el narcotráfico que su departamento desmanteló en 2022. La organización ha formulado esta reclamación tras el tiroteo registrado en Isla Cristina (Huelva), donde han muerto una embarazada de ocho meses, una mujer de 62 años y un menor de 16 en una aparente rencilla entre familias relacionadas con el tráfico de drogas.

Los guardias civiles denuncian el «abandono operativo y humano» que sufren los agentes destinados en el sur de España y responsabilizan a la cúpula de Interior de haber debilitado la respuesta frente a unas organizaciones criminales cada vez mejor armadas y dotadas de mayores recursos.

«Mientras se insiste desde los despachos oficiales en que la seguridad está plenamente garantizada, los guardias civiles en la calle seguimos enfrentándonos a organizaciones criminales fuertemente armadas con menos efectivos de los necesarios y con medios que llegan tarde», ha advertido la AUGC.

Recuperar el OCON-Sur

La primera exigencia de la asociación es la recuperación del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur), desmantelado por Interior en septiembre de 2022. La unidad llegó a reunir entre 130 y 150 agentes especializados en tráfico de drogas, blanqueo de capitales, crimen organizado y redes de corrupción.

El grupo funcionaba mediante comisiones de servicio y permanecía disponible las 24 horas del día durante toda la semana. Uno de los mandos del Campo de Gibraltar ha explicado a El Mundo que el OCON-Sur «mantuvo tan a raya al narcotráfico que las cosas cambiaron».

Marlaska decidió disolver aquella estructura y repartir a sus integrantes entre diferentes comandancias territoriales. La AUGC sostiene que aquella decisión redujo la presión sobre los clanes y facilitó su expansión fuera del Campo de Gibraltar.

«Sin una unidad especializada, coordinada y con capacidad de reacción permanente, la presión sobre las mafias se diluyó por completo y el narcotráfico se expandió hacia Huelva y el cauce del Guadalquivir», ha señalado la organización.

Los guardias civiles reclaman ahora que el OCON-Sur vuelva a funcionar como una estructura «orgánica, estable y permanente». También piden ampliar su ámbito de actuación a Huelva, el Guadalquivir y todo el litoral andaluz.

Ocho medidas urgentes contra el narcotráfico

La AUGC ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios una batería de ocho medidas para contener la escalada criminal. Entre ellas figura la declaración urgente del litoral andaluz y Baleares como Zona de Especial Singularidad.

Esta figura permitiría conceder complementos económicos e incentivos profesionales a los agentes destinados en puntos de extrema peligrosidad. La asociación considera imprescindible frenar la fuga de personal y conservar la experiencia operativa acumulada en las zonas sometidas a una mayor presión del narcotráfico.

También exige un refuerzo estructural de las plantillas mediante destinos fijos y catálogos de puestos actualizados, así como la modernización de los medios marítimos, terrestres y aéreos. El objetivo es reducir la desventaja material de los guardias civiles frente al despliegue logístico y armamentístico de los clanes.

Las reivindicaciones incluyen el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo, un mayor blindaje jurídico en las intervenciones de alto impacto y un respaldo institucional efectivo. La AUGC reclama además planes específicos para proteger a los agentes y a sus familias frente a las amenazas y el señalamiento de las organizaciones criminales.

Una escena «dantesca» y decenas de casquillos

El alcalde de Isla Cristina, Genaro Orta, ha calificado de «dantesca» la escena encontrada después del tiroteo en la barriada del Rocío. En una entrevista en Canal Sur Radio, ha relatado que, junto a los tres cuerpos, había «una barbaridad de casquillos».

Los autores dispararon presuntamente desde una motocicleta y huyeron después del lugar. Más tarde quemaron el vehículo en unos pinares cercanos al municipio, una maniobra con la que habrían tratado de desviar la atención de las fuerzas de seguridad.

«Querían distraernos», ha señalado Orta, que espera que el triple crimen no desencadene represalias entre las familias enfrentadas. «Ojalá las aguas vuelvan a su cauce», ha añadido.