La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces españoles, ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus declaraciones contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del llamado caso Begoña. La organización considera “inadmisible” que un miembro del Gobierno desacredite públicamente una actuación judicial concreta tras el procesamiento de Begoña Gómez.
El choque se produce después de que el magistrado haya dado por cerrada la investigación y haya enviado a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese contexto, Bolaños aseguró que dicha actuación “ha avergonzado” a muchos jueces y magistrados, una afirmación que ha provocado una respuesta inmediata de la judicatura.
En un comunicado oficial, la APM recuerda que en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales no se combaten “mediante descalificaciones públicas”, sino a través de los recursos previstos por la ley. La asociación subraya que estos mecanismos existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y corregir posibles excesos dentro del propio sistema judicial.
Además, la organización rechaza que el Ejecutivo trate de atribuir estados de ánimo colectivos a la carrera judicial. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos”, advierte, en una crítica directa al discurso del ministro.
La APM reclama también “respeto institucional” y “prudencia” en las declaraciones públicas, especialmente cuando afectan a procedimientos en curso. En este sentido, insta al Ministerio de Justicia a centrarse en los problemas estructurales del sistema, como las dificultades organizativas derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia, en lugar de intervenir en causas judiciales abiertas.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su “profunda preocupación por el descrédito” que, a su juicio, generan este tipo de declaraciones. La entidad alerta de que cuestionar sin fundamento la labor de los jueces incrementa la desconfianza ciudadana y agrava la división institucional.
Asimismo, reprocha a Bolaños que utilizara un acto público —la convocatoria de las becas SERÉ— para lanzar críticas contra un procedimiento judicial en marcha. La asociación insiste en que preservar la confianza en la Justicia constituye “una obligación democrática de primer orden”.
El enfrentamiento evidencia un nuevo choque entre el Gobierno y parte de la judicatura, con el trasfondo del procesamiento de Begoña Gómez y el debate sobre los límites entre el poder ejecutivo y el judicial.
