Los Mossos d’Esquadra han descubierto un incremento de los casos de presunta explotación laboral vinculados a pequeños supermercados y comercios de alimentación repartidos por Cataluña regentados por inmigrantes. La policía autonómica advierte de que, aunque la explotación sexual continúa siendo la modalidad más habitual de trata de seres humanos, en los últimos años han detectado un crecimiento de investigaciones relacionadas con trabajadores sometidos a condiciones abusivas en establecimientos del comercio minorista.

Los especialistas de la División de Investigación Criminal (DIC) explican, según avanza ElCaso.cat, que algunas de estas tiendas, muchas de ellas gestionadas por ciudadanos de origen extranjero y con amplios horarios de apertura, esconden situaciones de explotación. Según el investigador Lluís Moreno, los agentes han encontrado empleados obligados a realizar jornadas muy prolongadas, con retribuciones por debajo de lo establecido legalmente y en un contexto de graves irregularidades laborales. Los Mossos precisan, no obstante, que estas prácticas no afectan a todos los negocios de este tipo, sino a determinados establecimientos donde operan redes organizadas.

En varias de las investigaciones desarrolladas por la policía catalana, tanto los responsables de los comercios como las personas explotadas procedían de Pakistán o de otros países asiáticos. Los investigadores consideran que los vínculos familiares, comunitarios o la dependencia económica pueden facilitar el control de los trabajadores y dificultar que abandonen esa situación.

La vulnerabilidad de las víctimas constituye uno de los principales obstáculos para destapar estos casos. Muchas carecen de conocimientos sobre la legislación laboral, desconocen el idioma, tienen una situación administrativa irregular o dependen de los explotadores para conservar el empleo, la vivienda o incluso la documentación. Esa realidad provoca que, pese a mantener contacto con clientes o poder salir del establecimiento, en la práctica no dispongan de libertad suficiente para denunciar por miedo a represalias o a perder su única fuente de ingresos.

Los Mossos subrayan que distinguir entre una simple infracción laboral y un delito de trata requiere una investigación compleja en colaboración con Inspección de Trabajo, los servicios sociales y entidades especializadas. Para que exista un delito de trata de seres humanos no basta con acreditar condiciones laborales precarias, sino que debe demostrarse que la víctima ha sido captada, trasladada o mantenida bajo engaño, amenazas, coacciones o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación.

Pese al aumento de las investigaciones por explotación laboral, la finalidad sexual continúa siendo la más frecuente en Cataluña. Entre 2025 y el 21 de julio de 2026, los Mossos abrieron 36 investigaciones, identificaron 24 víctimas y detuvieron a 32 personas. De esas víctimas, 14 eran explotadas sexualmente, cinco sufrían explotación laboral, dos estaban relacionadas con matrimonios forzados y tres eran utilizadas para cometer actividades delictivas. Entre ellas había 15 mujeres y nueve hombres, originarios de países como Colombia, Rumanía, China, Bangladesh, Marruecos, Venezuela, Pakistán, Honduras y México.

La policía catalana también alerta de que las organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual están desplazando progresivamente su actividad desde los prostíbulos tradicionales hacia pisos y viviendas particulares. Este cambio dificulta todavía más la detección de las víctimas y facilita que las redes controlen sus movimientos. Además, las mafias recurren cada vez con mayor frecuencia a redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas digitales tanto para captar personas con falsas ofertas de trabajo como para organizar posteriormente la explotación y controlar su actividad.

Los investigadores han detectado igualmente casos de explotación en plantaciones de marihuana, donde algunas personas son obligadas a ejercer como cuidadores de los cultivos ilegales. Estas víctimas permanecen durante semanas o meses en naves, viviendas o casas aisladas, vigilando las plantaciones, en ocasiones sin cobrar lo prometido, con amenazas o con la documentación retenida. Cuando la policía desmantela estos cultivos, los especialistas deben analizar cada situación para determinar si quienes se encontraban en el interior actuaban como responsables de la actividad delictiva o eran también víctimas de explotación. En lo que va de 2026, los agentes especializados de la DIC han realizado 127 entrevistas a personas en riesgo para detectar posibles casos de trata y activar mecanismos de protección antes incluso de que el delito pueda acreditarse plenamente.