La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que reconsidere la decisión de excluir de la financiación pública lecanemab y donanemab, dos fármacos destinados al tratamiento del Alzheimer en sus fases iniciales. La organización advierte de que restringir su acceso al ámbito privado creará diferencias «inaceptables» entre los pacientes en función de su capacidad económica.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) acordó el pasado 15 de julio no incorporar ambos tratamientos a la cartera financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS). En una carta difundida este viernes, la sociedad científica presidida por el doctor Jesús Porta-Etessam ha expresado su «profundo pesar» por una resolución que, a su juicio, tendrá importantes consecuencias clínicas, éticas y sociales.

Lecanemab y donanemab cuentan con autorización para su comercialización en la Unión Europea después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evaluara su eficacia y seguridad. La SEN recuerda, además, que otras agencias reguladoras han respaldado el balance entre sus riesgos y beneficios. En Estados Unidos, señala, estos tratamientos llevan alrededor de tres años disponibles y ya existen datos sobre su utilización en la práctica clínica habitual.

Los neurólogos denuncian que la decisión impide ofrecer desde la sanidad pública un tratamiento autorizado a personas que podrían experimentar un retraso en la evolución de la enfermedad. Al quedar limitado a la prescripción privada, el acceso dependerá de los recursos de los pacientes y de sus familias.

«Restringir el acceso a estos tratamientos a la prescripción privada introduce una barrera económica que vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud», sostiene la SEN. Según la organización, la medida «rompe los principios de universalidad y cohesión» del sistema sanitario y sitúa a sus profesionales ante un dilema ético sobre las recomendaciones que deben realizar a los pacientes que podrían beneficiarse de estas terapias.

La sociedad científica también considera que incorporar ambos medicamentos de forma ordenada permitiría mejorar los circuitos de diagnóstico y desarrollar redes asistenciales especializadas. Estas mejoras, afirma, no beneficiarían sólo a quienes recibieran los tratamientos, sino también al conjunto de pacientes con sospecha o diagnóstico de deterioro cognitivo.

El Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN publicó recientemente un documento de consenso elaborado por expertos con recomendaciones para el uso adecuado de estos fármacos en la práctica clínica española. La organización defiende que existe, por tanto, una base profesional para organizar su administración bajo criterios de seguridad, eficacia y sostenibilidad.

Los neurólogos comparan su posible incorporación con los avances asistenciales producidos durante las últimas décadas por la llegada de nuevas terapias contra el ictus, la esclerosis múltiple o la migraña. En sentido contrario, alertan de que mantenerlas fuera del SNS frenará la modernización de la atención pública al Alzheimer y otras demencias, además de perjudicar la formación de los profesionales y la investigación.

La SEN ha dirigido su petición a la ministra de Sanidad, Mónica García; al secretario de Estado de Sanidad y presidente de la CIPM, Javier Padilla; y a los representantes de las comunidades autónomas. La organización se ha ofrecido a colaborar con las administraciones y las asociaciones de pacientes para diseñar circuitos asistenciales «seguros, eficientes y sostenibles».

«La enfermedad de Alzheimer constituye un reto sanitario y social de primer orden en España; no se trata de un problema de salud exclusivamente individual», concluye la carta. La SEN reclama que las decisiones para afrontar la enfermedad estén alineadas con la evidencia disponible y garanticen un acceso equitativo a los nuevos tratamientos.