El juez Juan Carlos Peinado ha situado el papel de la escolta de Begoña Gómez en el centro de su decisión de retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España e imponerle comparecencias periódicas. La clave no está en una acusación general contra la Policía, sino en la respuesta del magistrado al argumento de la defensa: que la esposa del presidente del Gobierno no podía fugarse porque está protegida por agentes oficiales.

Peinado rechaza esa tesis. En su resolución, el magistrado sostiene que la existencia de escoltas no elimina por sí sola el riesgo de fuga y plantea incluso la posibilidad de que esos agentes pudieran facilitarla «por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores». Esa afirmación ha provocado una reacción inmediata de sindicatos policiales, del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, pero el razonamiento del juez apunta a un problema procesal concreto: la protección institucional puede convertirse, en determinadas circunstancias, en un obstáculo para la actuación de la Justicia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja formal al CGPJ por las palabras del instructor. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha remitido el auto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que determine si esas expresiones pueden constituir una falta grave de desconsideración. La ofensiva ha desplazado el debate desde la medida cautelar impuesta a Begoña Gómez hacia la susceptibilidad corporativa de los cuerpos policiales.

Sin embargo, la hipótesis de Peinado no surge en el vacío. La historia reciente ofrece varios precedentes en los que escoltas, policías, servicios de seguridad o estructuras armadas vinculadas al poder han ayudado a dirigentes políticos a escapar, han bloqueado detenciones o han dificultado la ejecución de órdenes judiciales. No son casos idénticos al de Begoña Gómez, pero sí demuestran que la protección oficial no es una garantía absoluta de sometimiento a la Justicia.

El ejemplo más cercano es el del expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont. En marzo de 2018, dos agentes de los Mossos d’Esquadra fuera de servicio lo recogieron en Estocolmo y viajaron con él por carretera a través de varios países para llevarlo de vuelta a Bélgica sin que fuera identificado. El trayecto terminó en Alemania, donde fue detenido. Los agentes fueron absueltos de encubrimiento, pero la sentencia consideró probado que lo ayudaron pese a saber que pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega.

El papel de los Mossos volvió a quedar bajo sospecha en agosto de 2024, cuando Puigdemont reapareció en Barcelona pese a tener una orden de detención vigente y logró huir tras un acto público. En esa fuga se utilizó un coche vinculado a un agente del cuerpo autonómico y tres policías quedaron investigados. La causa fue archivada provisionalmente al no quedar probada una colaboración activa, aunque la Fiscalía recurrió la decisión.

El caso del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol muestra con más claridad cómo un servicio de seguridad puede actuar como escudo frente a una orden judicial. Tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024, Yoon se atrincheró en la residencia presidencial. Cuando los investigadores trataron de detenerlo, decenas de escoltas y militares formaron una barrera humana y obligaron a suspender el operativo. Sólo un segundo despliegue permitió su arresto semanas después.

También en Bosnia y Herzegovina, el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, evitó temporalmente su detención gracias a agentes armados de la entidad serbobosnia. La policía estatal intentó arrestarlo en abril de 2025, pero los efectivos bajo control territorial bloquearon la operación y amenazaron con utilizar la fuerza. Dodik llegó incluso a viajar al extranjero pese a tener una orden de detención en vigor.

En Macedonia del Norte, el ex primer ministro Nikola Gruevski huyó antes de ingresar en prisión para cumplir una condena por abuso de poder. En su caso, los escoltas oficiales colaboraron sin saberlo en la fuga: Gruevski les hizo creer que iba a preparar su ingreso en prisión, les pidió ropa adecuada y les indicó que regresaran a recogerlo a su domicilio a la mañana siguiente. Mientras los agentes esperaban convencidos de que seguía en casa, él cruzó la frontera con Albania y terminó en Hungría, donde recibió asilo político.

El expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich abandonó Kiev en 2014 durante la insurrección del Maidán gracias a una operación coordinada entre su escolta y las fuerzas especiales rusas. Años después fue condenado en ausencia por alta traición y también por organizar su cruce ilegal de la frontera, facilitar la salida de una veintena de acompañantes e inducir a varios miembros de su escolta a desertar.

Los precedentes muestran la cuestión de fondo que Peinado introduce en su auto: los escoltas pueden actuar de tres formas decisivas en una fuga o en la frustración de una detención. Pueden colaborar de manera consciente, como ocurrió con los agentes que acompañaron a Puigdemont en 2018. Pueden servir como barrera institucional o física, como sucedió con Yoon o Dodik. O pueden ser utilizados por el protegido mediante engaño, como en el caso de Gruevski.

Esa es la razón por la que el juez no acepta que la escolta de Begoña Gómez baste para descartar el riesgo de fuga. La esposa del presidente del Gobierno no es una acusada cualquiera: forma parte del círculo más protegido del poder ejecutivo, dispone de seguridad oficial y se mueve en un entorno sometido a una fuerte presión política e institucional. Para Peinado, esa circunstancia no reduce necesariamente el riesgo procesal; puede incluso complicar la ejecución de una eventual decisión judicial.

El conflicto político, por tanto, no está sólo en la frase que ha irritado a Interior y a los sindicatos policiales. Está en si el aparato institucional que rodea a la mujer del presidente puede ser considerado una garantía suficiente para la Justicia. Peinado sostiene que no. Y los precedentes internacionales y españoles acreditan que, cuando el poder político queda cercado por los tribunales, la escolta puede pasar de ser un dispositivo de protección personal a convertirse en el último muro frente a una orden judicial.