Los dos proetarras detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza en Irún (Guipúzcoa) por su presunta implicación en delitos de terrorismo habrían identificado a un agente de la Guardia Civil como posible objetivo y dispondrían de información sobre dos escondites de armas y explosivos. Así lo publica The Objective, que cita fuentes próximas a la investigación. Los arrestados, Aratz B., de 34 años, y Malen G., de 20, están siendo investigados por sus posibles conexiones con el entorno radical de la izquierda abertzale y deberán comparecer ante la Audiencia Nacional.

Las pesquisas también se centran en un tercer sospechoso, Naoise C., de origen irlandés y presuntamente relacionado con el IRA Provisional, que continúa sin ser localizado. Su vinculación con los otros dos investigados ha despertado el interés de las autoridades francesas, que ya habían detectado desplazamientos frecuentes del ciudadano irlandés al País Vasco. Los investigadores tratan ahora de esclarecer el alcance de estas relaciones y determinar si existía algún proyecto de actuación violenta.

El origen de la investigación se remonta al 26 de septiembre, cuando una patrulla de la Ertzaintza identificó a los tres individuos durante un control de alcoholemia en Escoriaza. Los agentes comprobaron que figuraban en distintas bases policiales con antecedentes considerados relevantes. Además, descubrieron que llevaban información sensible sobre miembros de las fuerzas de seguridad y unas coordenadas GPS que señalaban un posible depósito clandestino de armamento en una zona montañosa.

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es el contenido de la documentación intervenida. Según las fuentes consultadas por The Objective, los sospechosos tenían especialmente señalada la dirección de un guardia civil destinado en un acuartelamiento del País Vasco. También habían recopilado datos sobre agentes de la Ertzaintza de Tolosa y efectivos de la Policía Nacional que trabajan en Guipúzcoa. Los investigadores analizan asimismo varios dispositivos USB, algunos de los cuales todavía no han podido descifrar.

La Policía autonómica investiga igualmente la existencia de dos posibles zulos que podrían contener armas y material explosivo. Una de las hipótesis es que se trate de antiguos escondites utilizados por ETA antes de su desarme en 2017. Los investigadores contemplan que una pequeña parte del arsenal de la organización terrorista permaneciera oculta y hubiera podido ser recuperada. No obstante, estas sospechas todavía no se han confirmado y las búsquedas efectuadas con perros especializados en detectar explosivos no han permitido localizar los depósitos.

Otro aspecto controvertido de la operación es la falta de comunicación entre cuerpos policiales. Pese a la naturaleza de los indicios descubiertos durante el control de septiembre, la Ertzaintza no habría informado a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional de las posibles amenazas contra sus agentes, según las fuentes policiales citadas por El Mundo y The Objective. Esta circunstancia ha provocado malestar entre efectivos de ambos cuerpos, especialmente por la existencia de información sobre domicilios y destinos profesionales.

Los dos sospechosos españoles no fueron arrestados cuando se produjo su primera identificación. La detención llegó semanas después, cuando ambos acudieron acompañados por un abogado a las dependencias de la Ertzaintza en Irún. La Oficina Central de Inteligencia de la Policía vasca asumió las investigaciones y adoptó medidas adicionales de protección para sus propios efectivos. Por el momento, no han trascendido explicaciones oficiales sobre los motivos por los que los tres investigados pudieron abandonar el control inicial sin ser detenidos.

La investigación también examina las posibles conexiones de los arrestados con Jardun, una organización disidente de la izquierda abertzale que mantiene una posición reivindicativa respecto al pasado de ETA. Los dos detenidos habían sido identificados anteriormente por su presunta participación en pintadas y colocación de pancartas. Sin embargo, Jardun ha negado cualquier relación orgánica con ellos y ha denunciado lo que considera una campaña policial para criminalizar a la organización.

Desde el entorno de la investigación también se han trasladado valoraciones que rebajan la capacidad operativa de los sospechosos. Según publicó El Diario Vasco, algunas fuentes consideran que los investigados carecían de la infraestructura necesaria para ejecutar un atentado terrorista. Esta valoración contrasta con la gravedad de los indicios examinados, aunque hasta el momento no se ha acreditado que existiera un plan de atentado preparado para su ejecución inmediata.

El procedimiento coincide con el 15.º aniversario del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, realizado el 20 de octubre de 2011. La operación ha generado preocupación en los cuerpos policiales por la posibilidad de que antiguos depósitos de armamento permanezcan sin localizar y por la presencia de individuos con presuntas conexiones internacionales. La Audiencia Nacional deberá determinar ahora el alcance penal de los hechos y las medidas que correspondan respecto a los detenidos.