Los raíles y los cupones de soldadura recogidos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas y centenares resultaron heridas, continúan sin ser analizados nueve meses después del siniestro. Las pruebas permanecen guardadas en dependencias del Ministerio de Transportes, según fuentes de la investigación citadas por ABC, pese a que su traslado al laboratorio designado se anuncia como «inminente» desde principios de septiembre.

El análisis metalúrgico de estas piezas resulta fundamental para esclarecer las causas de la fractura del carril y determinar qué provocó la tragedia. Sin embargo, las diligencias acumulan retrasos desde sus primeras fases, tanto por la designación de peritos independientes como por la selección del laboratorio encargado de examinar los materiales.

A finales de julio, la magistrada del Juzgado de Instancia de Montoro autorizó oficialmente el traslado de los raíles y las soldaduras, que permanecen bajo custodia de la Guardia Civil. La resolución judicial permitió iniciar las pruebas de resistencia y microestructura. El plan de trabajo establece un plazo máximo de seis meses para que los laboratorios emitan sus informes técnicos sobre las causas de la fractura.

Pese a esta autorización, los elementos intervenidos continúan en una caja en las dependencias de los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en el Ministerio de Transportes. El movimiento de las piezas sigue pendiente, aunque los investigadores consideran imprescindible este paso para avanzar en el esclarecimiento del accidente.

Las actuaciones, no obstante, continúan. El pasado 29 de septiembre se realizó una nueva inspección ocular en las inmediaciones de la estación técnica de Adamuz. La juez Cristina Pastor Recover autorizó la asistencia de los peritos designados por ADIF para acompañar a los investigadores durante el examen y el reportaje fotográfico de los ocho primeros vagones del tren Iryo siniestrado.

Once peticiones sin cumplir

La demora en el análisis de las pruebas coincide con las críticas de los afectados por la gestión institucional de la tragedia. El presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, Mario Semper, confirmó que el colectivo sigue sin noticias del Observatorio para la Coordinación y Prevención de Crisis y la Atención a las Víctimas de Accidentes e Incidentes.

En marzo, los afectados se reunieron con representantes del Gobierno para expresar su malestar por el funcionamiento de este organismo. Además, entregaron al ministro de Transportes, Óscar Puente, un escrito con 11 solicitudes. Según Semper, ninguna de las 11 peticiones de las víctimas se ha cumplido hasta la fecha, aunque algunas continúan en tramitación.

Entre sus reivindicaciones figura que el ministro se desplace a Huelva para reunirse personalmente con los damnificados. El encuentro no se ha celebrado, pese a las reiteradas peticiones de los afectados, que dudan de que Puente vaya a atenderlas con la convocatoria electoral.

Durante su intervención en el Congreso, Semper reclamó que las lecciones del accidente sirvan para mejorar la respuesta institucional ante futuras tragedias.

Secuelas físicas y psicológicas

Las víctimas denuncian que las consecuencias del siniestro siguen condicionando su vida cotidiana. Algunas continúan esperando prótesis tras sufrir amputaciones, mientras otras padecen secuelas psicológicas que les impiden salir de casa con normalidad. También alertan de retrasos en las indemnizaciones y de la pérdida de asistencia psicológica para pasajeros del tren Iryo.

Los afectados sostienen, además, que se producen más de un centenar de roturas de vías al año y advierten de que algunas no se detectan. Reclaman medidas que permitan prevenir accidentes similares y garantizar una mayor seguridad ferroviaria.