Los ataques contra policías en España se han convertido en una amenaza creciente que alarma a los propios agentes y a sus organizaciones sindicales. Narcos y bandas latinas han elevado el nivel de violencia hasta extremos inéditos, con embestidas a vehículos oficiales, tiroteos y planes premeditados para emboscar a los agentes. En 2024 se registraron más de 17.000 agresiones contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cifra más alta de la serie histórica, según publica ABC.

Ponen como ejemplo a los narcotraficantes que ya no dudan en embestir coches policiales o abrir fuego contra los agentes que tratan de interceptarlos. En algunos casos, incluso llegan a pensar que no se trata de policías reales, sino de bandas rivales que intentan dar un “vuelco” de droga, lo que incrementa el riesgo de los operativos.

A esta amenaza se suman las bandas latinas. Una comunicación interna de la Policía Nacional alertó de que miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) planeaban una emboscada mortal contra agentes mediante una falsa llamada al 091. Un confidente permitió abortar el plan, ideado por siete pandilleros cansados de los golpes policiales a sus negocios ilícitos.

Los sindicatos policiales coinciden en señalar una causa principal: la impunidad. «Agredir a un policía sale prácticamente gratis», denuncia en ABC Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, quien critica que muchos casos se resuelvan con multas irrisorias. A su juicio, Interior no reconoce la gravedad del problema, lo que impide atajarlo.

Desde el SUP y la UFP advierten de una pérdida real del principio de autoridad. Los agentes patrullan con medios insuficientes frente a criminales armados con munición de guerra, mientras sienten que su actuación no siempre está respaldada por el Estado. «El policía sale a la calle con miedo a perder su carrera por defender su vida», lamentan.

Los representantes policiales reclaman un endurecimiento de las penas por atentado contra la autoridad, más medios materiales, refuerzo de plantillas y un respaldo institucional claro. «Si el Gobierno no protege a la policía, la policía no puede proteger a la ciudadanía», concluyen.