Las revueltas causadas por inmigrantes islámicos en la localidad de Salt (Gerona) después de que la policía evitase la okupación de un imán han provocado que cada vez más sindicatos policiales se rebelen ante la inseguridad que sufren estas regiones.

Desde las organizaciones policiales han lanzado un aviso: la situación es «insostenible» y, de no tomarse medidas urgentes, puede derivar en un problema mucho más grave. Los sindicatos acusan a los responsables políticos de haber permitido que se llegara a este punto por años de decisiones erráticas y falta de firmeza en la aplicación de la ley. Denuncian también la precariedad con la que han tenido que afrontar los disturbios, con una dotación insuficiente de efectivos y recursos.

El Sindicato Independiente de Mossos USPAC ha calificado la situación de «explosiva» y ha advertido que Salt es una ciudad «descontrolada» en la que la violencia está alcanzando niveles alarmantes. En un duro comunicado, señalan que las escenas vividas en los últimos días recuerdan a «territorios sin ley» y que lo ocurrido no es más que la «punta del iceberg». «En estos momentos, es una ciudad perdida». Responsabilizan a los dirigentes políticos de haber permitido esta situación con su «falta de valentía y doble discurso», y critican a los altos mandos policiales por su «mala gestión» y por haber dejado la comisaría de Salt «sin medios suficientes para responder a la crisis».

Por su parte, el Sindicato Independiente de Policía Local SIP-FEPOL también ha expresado su inquietud por la creciente inseguridad en la zona. Reclaman medidas «inmediatas» para reforzar los cuerpos policiales tanto en Salt como en la cercana Gerona. Insisten en la necesidad de incrementar la presencia de agentes y dotarlos de mejores recursos materiales, incluidos equipos antidisturbios y vehículos preparados para intervenciones en situaciones de altercados violentos. Además, plantean la creación de unidades de respuesta rápida especializadas en la contención de disturbios urbanos.

Desde los sindicatos policiales se exige, además, que se establezcan directrices claras y eficaces para la actuación ante situaciones de desorden público, así como una política de «tolerancia cero» frente a las agresiones contra los agentes. Expresan su solidaridad con los efectivos desplegados en Salt y condenan la violencia ejercida contra ellos en los últimos días.