El régimen de Nicolás Maduro mantiene a 20 ciudadanos españoles —cuatro con nacionalidad exclusiva y dieciséis con doble nacionalidad— en condiciones de detención arbitraria, según el Foro Penal Venezolano. Los familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que estos presos son «rehenes políticos» del chavismo, utilizados como moneda de cambio en futuras negociaciones, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero eluden cualquier acción real para conseguir su liberación.

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 22 de septiembre, el representante español exigió «la liberación inmediata de todos los presos políticos de Venezuela, incluidos los ciudadanos españoles», pero más allá de esa declaración diplomática no se han tomado medidas concretas. Los familiares denuncian que no se permiten visitas consulares ni acceso a abogados de confianza, y que varios de los detenidos presentan signos de tortura y grave deterioro físico.

La analista María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas en Valencia College (Florida), subraya que «todos los presos políticos son rehenes, y el régimen los retiene para usarlos cuando sean útiles«. En declaraciones a Diario Las Américas, recuerda que Maduro ya intercambió en 2023 al empresario colombiano Alex Saab por diez presos estadounidenses, y afirma que los españoles están siendo «reservados» para futuras concesiones diplomáticas.

Puerta critica además la pasividad del Ejecutivo español y el mutismo de Rodríguez Zapatero, quien pese a presentarse como mediador internacional mantiene vínculos privilegiados con el chavismo. «Si fuese otro gobierno, quizá habría presión. Pero con el PSOE, que está hundido en casos de corrupción y tráfico de influencias, el silencio es total», apunta la experta.

Entre los presos españoles destacan Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano; María Auxiliadora Delgado, Karen Hernández, Ángela Expósito, y el excomandante de la Aviación Alejandro González, exesposo de San Miguel. Sus familias denuncian que han sido acusados falsamente de terrorismo y espionaje, sin acceso a juicio ni defensa privada. «Nos acusan sin pruebas. A mi hermano lo defiende un abogado público impuesto por el régimen. Es una farsa», declaró Verónica Noya, hermana de otro de los detenidos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos organizó el 15 de septiembre una protesta frente a la embajada de España en Caracas, exigiendo que el Gobierno actúe como «canal humanitario y diplomático» y denuncie las desapariciones forzadas y los tratos inhumanos en las cárceles venezolanas. La concentración se replicó en varias capitales del mundo, sin respuesta de la diplomacia española.

El exdiputado opositor Julio Borges denunció la hipocresía moral del Ejecutivo: «Sánchez reparte pasaportes a nietos de exiliados, pero ignora a los españoles vivos que agonizan tras los barrotes de Maduro». Mientras Estados Unidos presiona por nuevas sanciones y Donald Trump exige la liberación inmediata de los presos políticos, el Gobierno español continúa callando ante un régimen que encarcela, tortura y utiliza a ciudadanos españoles como piezas de negociación.