La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, autorizó la inclusión de Leire Díez como representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un equipo creado para gestionar contrataciones de emergencia durante la pandemia, un órgano que tenía capacidad para negociar con proveedores y validar adjudicaciones por la vía rápida en plena crisis del COVID-19.

Ese grupo, definido internamente como una mesa técnica, fue impulsado desde el Ministerio de Hacienda ante el colapso administrativo provocado por la avalancha de ofertas para suministrar material sanitario. Su misión era analizar propuestas, mantener contactos con empresas, seleccionar proveedores y dar el visto bueno final a los contratos tramitados por el procedimiento de urgencia, siguiendo las orientaciones marcadas por la Unión Europea y dejando en segundo plano numerosos controles habituales.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de este mecanismo señalan que ningún contrato relevante salía adelante sin el aval expreso de ese comité, en el que Leire Díez ocupaba un puesto clave en representación de la SEPI. Junto a ella participaban delegados de otros órganos dependientes de Hacienda, como la Dirección General de Fondos Europeos, la Junta de Contratación y la Abogacía del Estado, conformando un núcleo decisorio que centralizaba las compras al margen de otros circuitos administrativos.

La creación de este órgano respondió a la incapacidad reconocida del Ministerio de Sanidad para asumir en solitario el volumen extraordinario de expedientes generados por la emergencia sanitaria. Hacienda tomó entonces el control de buena parte del proceso, dejando en un segundo plano a la comisión interministerial en la que participaban Sanidad, Interior y Transportes, diseñada inicialmente para agilizar la adquisición de suministros.

La presencia de Leire Díez en esa mesa ha adquirido ahora especial relevancia tras su detención, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en el marco de una investigación judicial que analiza un presunto amaño de contratos públicos. El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña sitúa entre 2021 y 2023 la actividad de una supuesta red que habría manipulado al menos cinco adjudicaciones por un importe cercano a los 133 millones de euros a cambio de comisiones.

Según las pesquisas, la permanencia de Díez en el órgano encargado de negociar y autorizar contratos pudo facilitarle un acceso directo y continuado a decenas de empresas que acudieron a la Administración en busca de acuerdos durante los meses más críticos de la pandemia. Ese contacto recurrente con proveedores es considerado por los investigadores como una posible vía para tejer relaciones que luego habrían sido utilizadas de forma irregular.

Las fuentes consultadas atribuyen su designación a la influencia de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y considerado persona de máxima confianza de María Jesús Montero. Fernández ya había tenido que abandonar responsabilidades públicas en el pasado tras verse implicado en investigaciones por presuntas irregularidades, como el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar durante su etapa en la Junta de Andalucía.