El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en el Congreso de los Diputados la nueva regulación turística, destacando su impacto positivo en la seguridad ciudadana. Según ha explicado, la normativa ha permitido identificar a 18.000 personas con señalamientos, lo que ha facilitado «atajar actuaciones criminales y garantizar la seguridad».
No obstante, la nueva regulación vulnera la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. El Real Decreto 993/2021 impone nuevas obligaciones de recopilación y entrega de datos a hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales de alojamiento, empresas de alquiler y vehículos y gestores de casa rurales. Con la nueva ley, los 41 datos básicos que se solicitaban anteriormente han triplicado, incluyendo datos sensibles como relaciones de parentesco.
Respecto a ello, Marlaska ha destacado el compromiso del Ejecutivo con una gestión equilibrada entre seguridad y derechos individuales. En este sentido, ha argumentado que «la nueva regulación es fundamental para el sector turístico, la economía española y la seguridad»; como también «beneficia a todos para luchar efectivamente contra el terrorismo y el crimen organizado».
Asimismo, el ministro del Interior ha rechazado las acusaciones de convertir a España en un «Estado policial» y de tratar a los ciudadanos como «potenciales delincuentes», recordando que el país «es uno de los más seguros» del mundo. Finalmente, Marlaska ha concluido su intervención reiterando que la nueva normativa turística beneficia a todos los ciudadanos, a la economía española y al turismo nacional, «que se basa en algo tan sustancial e importante como la seguridad».
