Marruecos mantiene paralizado el retorno de los primeros 50 menores extranjeros no acompañados cuyos expedientes ha remitido la Policía desde Ceuta, según fuentes de Extranjería citadas por The Objective. Ninguno de los requerimientos ha recibido contestación, pese a la disposición expresada por Rabat a facilitar las reagrupaciones familiares tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

«Hay algunos que se han enviado hace un mes. Siempre usan el mismo modus operandi, no contestar a los requerimientos», señalan las fuentes policiales consultadas por el periódico. La falta de respuesta impide completar los procedimientos y prolonga la presión sobre el sistema de acogida de la ciudad autónoma.

Tres meses después de aquella llegada, se calcula que cerca de 3.000 menores permanecen en Ceuta. Unos 2.000 han sido identificados, mientras que el Gobierno y las organizaciones que trabajan sobre el terreno estiman que alrededor de 700 siguen viviendo en las calles.

Otros 600 expedientes sin contestación

El bloqueo tiene antecedentes. Según la información publicada, alrededor de 600 expedientes de menores que ya estaban en Ceuta antes de julio tampoco recibieron respuesta de Marruecos. Además, el Ejecutivo español reconoció en una contestación parlamentaria a VOX que no se había materializado ninguna devolución de menores «en los últimos años».

El acuerdo bilateral contempla la reunificación con las familias o la incorporación al sistema marroquí de protección. Sin embargo, cada retorno exige una evaluación individual que determine las circunstancias del menor y si el regreso responde a su interés superior. La colaboración de las autoridades marroquíes resulta necesaria para completar esa tramitación.

Traslados ante la saturación de Ceuta

Según The Objective, el Gobierno da por hecho en privado que la mayoría permanecerá en España y prevé trasladar a los jóvenes a recursos de otras comunidades durante los próximos meses. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha defendido que estos menores «quieren quedarse en España» y que «se van a quedar porque hay una ley que les protege».

La situación coincide con un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas y la Administración central por la gestión de los inmigrantes adultos. Ceuta amenaza con acudir al Supremo tras no obtener respuesta a su requerimiento de información sobre las personas alojadas en los recursos de acogida.

El Gobierno ceutí denuncia falta de medios para tramitar las expulsiones. Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres sostiene que se han movilizado los recursos necesarios y que deben respetarse los procedimientos legales.