Entre 2019 y 2026, Marruecos ha concedido indultos reales a un total de 67.920 condenados, según una lista verificada con fuentes del Ministerio de Justicia marroquí y la agencia MAP a la que ha tenido acceso LA GACETA. De esa cifra global, al menos 175 corresponden a condenados por terrorismo o extremismo islamista. Se trata de una política sistemática de gracia real que se materializa en múltiples ocasiones al año, coincidiendo con las principales festividades del calendario alauí y religioso.

Los indultos más numerosos se han producido en fechas señaladas. El récord absoluto corresponde al 29 de julio del pasado año, con 19.673 beneficiarios durante la Fiesta del Trono (26º aniversario), incluyendo 23 conmutaciones de pena de muerte. Otros actos masivos destacados fueron los 5.654 excarcelados en abril de 2020 por motivos preventivos ante la crisis sanitaria, los 2.476 de agosto de 2024 por la Revolución del Rey y del Pueblo, o los 2.097 del Aid el Fitr de abril de 2024. En total, Marruecos ha celebrado al menos 25 indultos colectivos de este tipo en el periodo analizado, con volúmenes que oscilan habitualmente entre varios cientos y varios miles de beneficiarios por acto.

Entre los condenados por terrorismo y extremismo indultados figuran casos relevantes. En marzo del año pasado se beneficiaron 31 sujetos por este delito en el Aid el Fitr; este mes mayo fueron un total de 20 en el Aid al-Adha; y en abril de 2024, 18. Uno de los nombres más conocidos liberados recientemente es el de Abdelkader Belliraj, líder de una organización terrorista condenado a cadena perpetua. Según los comunicados oficiales del Ministerio de Justicia marroquí, estos reos obtienen la gracia real tras cumplir cuatro requisitos mínimos: expresar adhesión formal a las “constantes y valores sagrados de la nación”, revisar sus orientaciones ideológicas, rechazar explícitamente el extremismo y el terrorismo, y haber participado en el programa estatal de desradicalización Moussalaha (reconciliación), puesto en marcha desde hace casi una década.

Esta política de indultos masivos y sistemáticos contrasta con la evolución de la amenaza yihadista que afronta España. Según el último Informe Anual de Seguridad Nacional, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, las detenciones por terrorismo yihadista han experimentado un incremento sostenido a lo largo de los últimos años; de 37 en 2020 se pasó a 100 en 2025, un aumento del 170 por ciento en el periodo. En 2025 se llevaron a cabo 64 operaciones antiterroristas (con un centenar de detenidos), casi el triple que en 2020. Además, 85 individuos cumplen actualmente condena por yihadismo en España y 152 presos comunes están bajo investigación por radicalismo islamista.

La reciente macrooperación policial desarrollada por las Fuerzas de Seguridad del Estado se saldó con al menos diez detenidos en cinco provincias: Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid. Los arrestados intentaban enviar armas a zonas de conflicto vinculadas al extremismo yihadista. La investigación sigue bajo secreto de sumario y los detenidos previsiblemente pasarán a disposición de la Audiencia Nacional.

Fuentes policiales consultadas por LA GACETA señalan que la generosidad de los indultos marroquíes hacia condenados por terrorismo, unida a los requisitos relativamente flexibles exigidos (arrepentimiento formal y paso por el programa Moussalaha), genera preocupación en el ámbito de la seguridad. Europol lleva años alertando de que las redes de tráfico de inmigrantes ilegales son utilizadas por actores terroristas para alcanzar territorio europeo, y que determinados grupos islamistas instrumentalizan estos flujos para infiltrarse o mantener canales logísticos.

En los últimos siete años, Marruecos ha convertido los indultos en una práctica habitual y de gran volumen, liberando a decenas de miles de presos en actos colectivos que incluyen a un número significativo de condenados por delitos de terrorismo y extremismo. Mientras las fuerzas de seguridad españolas desarticulan células y realizan macrooperaciones contra el yihadismo, Rabat opta por una política de gracia real que devuelve a la calle a decenas de sujetos condenados por estos delitos.

La información oficial del Ministerio de Justicia marroquí y los datos del Ministerio del Interior ponen de manifiesto una realidad incómoda, y es que la generosidad del régimen alauí con los condenados por terrorismo contrasta con la dureza de la amenaza que España debe afrontar en sus fronteras y en su territorio. La evolución de las detenciones yihadistas en territorio nacional y la persistencia de flujos migratorios ilegales convierten esta cuestión en un elemento de primer orden para la seguridad nacional.